El Ministerio del Interior revisará los protocolos policiales para que se notifique de forma inmediata a los juzgados cualquier conducta o incidencia relacionada con las medidas cautelares impuestas a una persona, tras lo ocurrido con uno de los condenados de La Manada que trató de renovar su pasaporte.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han indicado que se retocarán los procedimientos marcados para comunicar a los tribunales cualquier incidencia sobre una persona incursa en un proceso judicial con medidas cautelares.

Hasta ahora, recuerdan las fuentes, no es obligatorio que estas incidencias se comuniquen de forma inmediata a los juzgados, algo que quiere cambiar Interior con el objetivo de que el órgano judicial correspondiente en cada caso sea informado en el momento de esa conducta.

El cambio que estudia Marlaska está motivado por la polémica suscitada en torno a Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales, quien se presentó el pasado 25 de junio en una oficina sevillana para renovar su pasaporte, alegando que lo había perdido y pese a que tiene prohibido salir de España.

De este hecho no fue informada la Audiencia de Navarra, que días después de hacerse público el suceso solicitó al Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la oficina de pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) que aclarasen los motivos de la presencia del guardia civil condenado en esas dependencias y que explicaran porqué no se les había dado cuenta de la misma.