Queda un mes para la fecha en la que el Gobierno se ha comprometido a enviar a la Comisión Europea un plan presupuestario sobre las cuentas de 2019. El 15 de octubre "tiene que estar todo el pescado vendido", aseguran uno de los principales partidos negociadores de un pacto que se antoja difícil, tanto en el fondo como en la forma, ya que aún no ha sido posible eliminar el veto del PP en el Senado y porque no será fácil aunar intereses tan dispares como los de Podemos y el PNV y superar la situación política en Cataluña para lograr que también PdeCAt y ERC den luz verde.

Para superar estos obstáculos, el PSOE volverá a pedir la semana que viene que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramite de urgencia, para acabar cuanto antes con la capacidad de veto del PP a los Presupuestos, y Podemos y socialistas acelerarán unas negociaciones que ya van por buen camino, pero a las que les faltarán después el resto de grupos necesarios para sumar 176 diputados.

El plan ideal del Gobierno es poder presentar una nueva senda déficit en noviembre o diciembre un nuevo techo de gasto para 2019, el primer paso en el procedimiento presupuestario que descarriló en julio tras el rechazo del Congreso a una primera propuesta.

Después, querría ver aprobados los Presupuestos de 2019 en febrero, un par de meses después de la fecha ideal para entrar en vigor, el 1 de enero. En todo caso, su sola aprobación y entrada en vigor eliminaría la hipótesis del adelanto electoral, la única salida que le quedaría a Pedro Sánchez si, como dice, se niega a prorrogar las cuentas de 2018, que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el aspecto formal, en martes que viene, el Pleno del Congreso tomará en consideración la proposición del PSOE para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que en 2012 dio al Senado la capacidad de vetar los Presupuestos. En la situación actual, esto es lo mismo que decir que el PP puede rechazarlos, porque tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El propósito del PSOE es que, una vez que el Pleno decida tramitar la reforma, volver a pedir que sea de urgencia, una posibilidad que la semana pasada ya rechazaron el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, en una decisión que recrudeció la particular guerra que mantiene la portavoz socialista, Adriana Lastra, con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la que acusó de "filibusterismo político" por tomar una decisión, la de rechazar la tramitación de urgencia, que no le correspondía.

En PSOE ya ha enviado un escrito, firmado también por Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto, a la Mesa para que reconsidere su decisión de no permitir la tramitación de urgencia en un órgano, la Mesa, donde PP y CS suman cinco votos y PSOE y Unidos Podemos, cuatro, y fuentes parlamentarias no auguran un cambio de voto por parte del PP, que se opone a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "en el fondo y en la forma".

Las mismas fuentes sólo consideran posible, aunque no probable, que Ciudadanos cambie su voto y permita una tramitación de urgencia de la eliminación de la capacidad de veto que hoy tiene el PP.

Por su parte, el PSOE recurre a la jurisprudencia para asegurar que la Mesa no puede tomar la decisión, que tiene que ser de los portavoces de los grupos, entre los que asegura tener la mayoría a favor del trámite urgente y en lectura única.

Fuentes parlamentarias lo niega y subrayan que la Mesa sólo tiene que "oír", no obedecer. Aducen que esta cuestión es un empeño vano por parte del PSOE. Sin el tramite de urgencia, indican, el Gobierno podría tener aprobados los Presupuestos en abril o mayo, un par de meses después de los cálculos ideales que hace el Ejecutivo.

Sin embargo, más que saber cuándo se aprobarán los Presupuestos de 2019, lo crucial es saber si habrá un acuerdo político que partidos más y menos dispuestos para alcanzarlo califican de difícil. El Gobierno no cuenta con el PP ni con Ciudadanos y necesita una mayoría como la que alcanzó Sánchez para ganar la moción de censura.

El grupo con quien, en principio, el Gobierno tiene más fácil llegar a un acuerdo es Unidos Podemos, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, queriendo ser socio del Ejecutivo.

La semana pasada, Sánchez e Iglesias se reunieron durante dos horas en la Moncloa y llegaron a dos acuerdos, bajar el IVA a los productos de primera necesidad para ayudar a los ciudadanos menos favorecidos y crear una cuota "progresiva" para autónomos de la que estarían exentos quienes no facturen un mínimo.

En todo caso, entre el PSOE y Podemos quedan muchos flecos, sobre todo ver cómo quedan los impuestos más importantes en el Presupuesto de 2019, como el IRPF, el impuesto de sociedades, sobre transacciones financieras o el impuesto a la banca, olvidado ya para el Gobierno pero al que Iglesias dice que no renuncia.

Como punto a favor del acuerdo presupuestario, en la formación morada están dispuestos a acelarar las mesas de negociación y, más importante, ya no hablan de impuestos concretos, sino de un compromiso con el Gobierno sobre los gastos que será necesario hacer para después ver de dónde, de qué impuestos, se sacan los recursos necesarios para financiarlos.

Sin embargo, el Gobierno necesitará más apoyos a sus cuentas. El PNV parece querer volver a ser el último en dar su visto bueno y su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se negaba esta semana a valorar los "principios de acuerdo" alcanzados con Podemos, si podrían cuadrar con la idea de Presupuestos que tiene la formación nacionalista vasca, de tendencia conservadora. Esteban asegura que todavía no ha habido contactos entre el PNV y el Gobierno.

El flanco catalán parece aún más difícil. Por una parte, ERC dejó claro hace unas semanas que con políticos catalanes en prisión preventiva, el Gobierno tendrá difícil contar con ellos para los Presupuestos.

En el PdeCAT combinan los planes presupuestarios, sobre los elementos que deberían incluirse y el desacuerdo de esta formación con que todo vaya "vía impuestos", tal y como parece estar pactando el Gobierno con Podemos, con la advertencia de que el acuerdo no será fácil en una situación política de en la que "no hay normalidad".

Aducen, en todo caso, que "todavía todo está muy verde" y que habrá que avanzar en este mes, hasta que Bruselas llame a la puerta. "Un mes en política es una eternidad", dicen desde el PdeCAT.