Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a la Fiscalía Provincial de Valencia y la fiscal de sala delegada para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación para que estudien la posibilidad de interponer recurso de casación contra la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia que absolvió a 16 acusados de pertenecer a la organización neonazi Frente Antisistema (FAS) al declarar nulas las escuchas telefónicas en el conocido como 'caso Panzer'.

Así consta en un escrito de la Fiscalía General del Estado al diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, quien se había interesado por este caso y había solicitado una reunión al fiscal general del Estado para transmitirle sus sugerencias.

En el texto, este órgano le comunica haber recibido su escrito en el que le expresa su "discrepancia" con la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia provincial en el 'caso Panzer', que absuelve a los acusados de presunta pertenencia a una organización neonazi, y le indica que con esa fecha —4 de agosto— ha dado esas instrucciones para estudiar la posibilidad de presentar recurso.

Respecto a la reunión, le transmite que, ante el periodo vacacional, no será posible hasta agosto o septiembre, si bien le traslada que puede ser atendido por el fiscal de sala que sustituye al fiscal general.

La absolución es "una vergüenza"

Joan Tardà espera que finalmente el Estado "acabe interponiendo dicho recurso ante el Tribunal Supremo" contra la resolución judicial y destaca la "predisposición" del representante de este órgano para recibirle. El diputado ha pedido celebrar la reunión la próxima semana —sin fecha fijada— con el fin de conocer "más cosas de las instrucciones dadas a la Fiscalía de Valencia". A juicio de Tardà, esta resolución "es una vergüenza y, como mínimo, el Estado debe interponer un recurso de casación".

El juicio por el 'caso Panzer' comenzó el 14 de julio a raíz de la operación en la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana. La Audiencia absolvió a 16 acusados de los delitos de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas, para quienes el fiscal pedía 42 años de prisión en total. Entre los acusados, estaba el asesino confeso del joven de Burjassot (Valencia) Guillem Agulló, asesinado en abril de 1993.

Las entidades que ejercieron la acción popular en el juicio anunciaron que estudiaban interponer el recurso de casación e instaron a la Fiscalía a que también lo hiciera. Acció Popular contra la Impunitat se personó en esta causa como acusación popular, formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunitat Valenciana.