Mulet ha solicitado estas explicaciones después de haber realizado una batería de preguntas al respecto al ejecutivo, que le ha facilitado los datos pormenorizados por años del número de peticiones que se han realizado y de las que se han resuelto.

La declaración de reparación es, para Mulet, "insuficiente", ya que "no cuestiona la ilegalidad del franquismo, de sus tribunales ni de sus sentencias", ha asegurado Mulet, quien ha añadido que "ahora, han de ser los familiares quienes soliciten esta declaración simbólica, que no tiene ningún efecto juídico ni de verdadera reparación".

"Nuestra propuesta de ley de víctimas presentada en el Senado, que no contó con el apoyo del PSOE incidía entre muchos otros en estos extremos", ha indicado.

Las declaraciones de reparación a las víctimas del franquismo están incluídas en la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, que reconoce "el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".

Más concretamente, en su artículo 4 la Ley contempla el derecho a obtener una "declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa".

Sin embargo, como relatan desde la coalición, "estas declaraciones jurídicas no anulan las sentencias de los tribunales franquistas, pues ni se ha declarado ilegal el régimen genocida franquista, ni se han declarado ilegales los tribunales ni sentencias franquistas".

BATERÍA DE PREGUNTAS AL GOBIERNO

El portavoz de Compromís en el Senado, planteó recientemente diversas preguntas al ejecutivo respecto a las declaraciones de repareción a las víctimas del franquismo, a las que el Gobierno proporcionó una respuesta.

La primera pregunta gira en torno a qué medidas va a adoptar el Gobierno para conseguir la nulidad de todas las sentencias dictadas por los ilegales tribunales franquistas. A esta, el Gobierno ha respondido que "se va a acometer una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007, una reforma que incluirá medidas como la nulidad de los tribunales de excepción franquistas (Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal de Orden Público o el Tribunal especial de represión de la Masonería y el comunismo, entre otros) así como sus fallos y sentencias".

Respecto a los efectos que tienen las declaraciones de reparación y reconocimiento personal a parte de las "puramente simbólicas" -pregunta realizada por Mulet-, el Gobierno ha señalado a los efectos que dispone la Ley 52/2007: "puramente simbólicos, ya que no anulan las sentencias".

Otra de las preguntas realizadas por Mulet gira en torno a las cifras de peticiones efectuadas desde que entró en vigor la Ley de Memoria Histórica en 2007 y cuántas de ellas se han expedido. Según los datos aportados por el Gobierno, se han solicitado un total de 2687 peticiones desde 2009, año en el que se presentó el mayor número de peticiones con 572 solicitudes. De estas, el Gobierno ha resuelto 2475.

"¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para promocionar estos procedimientos o para impulsar la expedición de estas reparaciones genéricamente sin esperar las peticiones de terceros?", ha sido la última pregunta formulada por Mulet: "Agilizar su tramitación y dar respuesta a los expedientes acumulados durante los últimos años. No se va a actuar por lo tanto de oficio", ha asegurado el Gobierno como respuesta.

CONSEJOS DE GUERRA SUMARÍSIMOS

El portavoz valencianista ha reiterado que "han de declararse ilegales y nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/60, de 21 de septiembre, y el Decreto Ley 10/75, de 26 de agosto".

Así, también ha insistido en la necesidad de "declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrios e ilegales, al adoptar las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados".

"El Ministerio de Justicia de acuerdo a estos cambios legales, debería emitir certificación de la nulidad de todos estos procedimiento y sentencias correspondientes, y articular las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las personas víctimas de estas sentencias", ha explicado Mulet.

Estas medidas servirán, según el senador, "para conseguir hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal impuestas o acordadas por Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o cualesquiera otros órganos ilegítimos, fueren judiciales o administrativos, civiles o militares, de modo que resulte posible satisfacer plenamente los derechos de las víctimas".