"Ahora toca cumplir la sentencia, si es que no hay más, porque, frente a esa sentencia, no cabe absolutamente ninguna otra posición, ahora mismo", ha matizado en declaraciones a los periodistas en vicario general de la Diócesis de Almería, Tomás Cobo, antes de participar este miércoles en la inauguración de la XXI Semana de Teología.

Cobo ha trasladado que, si bien "no conozco personalmente" a Galera, el Obispado "mantiene la postura" con respecto a su idoneidad para impartir Religión Católica que "ha estado manteniendo" en los tribunales en hasta dos procesos distintos y ha lamentado que "desgraciadamente" el conflicto "se haya dilatado durante muchísimos años".

"En distintas ocasiones el Obispado ya ha manifestado cuál es su postura pero lo que nosotros hacemos ahora es acatar la sentencia judicial", ha reiterado para declinar pronunciarse sobre si se plantean no hacer su llamamiento para el próximo curso 2019-2020. "Nosotros no estamos pensando nada ahora mismo y, en todo caso, ya no depende de nosotros sino, en este caso, del Ministerio de Educación", ha concluido.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Educación remitió el pasado 3 de julio al Juzgado de lo Social 1 de Almería, siete días antes de que expirase el ultimátum dado por este, un escrito para "comunicar la incorporación" de Galera como docente de Religión en el centro escolar donde ejercía cuando fue despedida "en el nuevo curso escolar 2018-2019".

La comunicación del departamento que dirige Isabel Celaá respondía al requerimiento hecho por el magistrado Diego Zafra, quien llegó a advertir a Educación de la posible imposición de multas coercitivas si no daba cumplimiento "íntegro" a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que, en octubre de 2016, declaró nulo el no llamamiento para el curso 2011-12 de Galera por parte de la Diócesis almeriense, que se negó a renovarle el llamado certificado de idoneidad o 'missio canónica' en "represalia" por el procedimiento que inició en el curso 2001-2002 tras su primer despido.

Desde la Diócesis de Almería, que llegó a recurrir en dos ocasiones ante el Tribunal Constitucional para pedir amparo y no ceder a la readmisión de Resurrección Galera. En octubre de 2017, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, hizo unas declaraciones públicas y ahondó en la línea de defensa que ha mantenido la Diócesis a lo largo del procedimiento y que pasaba porque "no está obligado a otorgar" la autorización que "necesitaría" el Ministerio para proceder a la contratación de Galera debido al "principio de laicidad" que establece la "total independencia" de las confesiones religiosas con respecto al Estado en materias que son "propias de su competencia".

En concreto, aseguró "hay sentencias que son imposibles de acatar" y apeló al derecho a la libertad religiosa que garantiza la Constitución Española como "fundamental" para afirmar, tajante, que "nadie me puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar Religión". "Eso es una violación de los derechos fundamentales y no puedo dar la venia religiosa si realmente no tengo en conciencia el convencimiento de que está dentro de los supuestos de mi propia confesión", añadió.