El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, ha destacado este miércoles que la Oficina Municipal de la Vivienda ha atendido en su primer mes de funcionamiento a un total de 56 familias, a las que habría que sumar las diez personas que fueron atendidas antes de su puesta en marcha, al tiempo que ha logrado aplazar entre diez días y tres meses 13 desahucios.

En una rueda de prensa, acompañado por el director de la oficina, Javier Lucena, y la trabajadora social Almudena Benito, el edil ha detallado que del total de familias atendidas, once casos ya han sido resueltos, concretamente nueve con alternativa habitacional y dos en tramites de ser solucionados, pero ya con solución definida, según ha destacado, a lo que añade que ha habido tres casos a los que se les ha dado una vivienda de la Junta de Andalucía.

Además, ha señalado que ha habido seis casos a los que se les ha ofrecido asesoramiento jurídico; ocho casos que se han realizado labores de mediación ante las entidades financieras; once casos que se han tratado de manera coordinada con el Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía; nueve casos que se ha trabajado en colaboración con 'Stop Desahucios, y hay 23 casos en emergencia habitacional "pendientes de una solución", ha indicado.

Según ha relatado la trabajadora social, el perfil de las personas atendidas es "de lo más variopinto", puesto que son "desde familias con un nivel de vida alto hasta las familias asiduas de servicios sociales", al tiempo que el concejal ha resaltado que "por primera vez el Ayuntamiento busca alternativas habitacionales a familias que lo pasan mal".

Asimismo, se ha intervenido en tres edificios ocupados, "mediando con las familias, prestando asesoramiento y realizando gestiones antes los juzgados". Al respecto, ha apuntado que "el caso más complejo" es el de la calle Antonio Maura, donde la oficina tuvo constancia del "problema de salubridad" y se han hecho intervenciones "para arreglar el problema", que "se ha paliado en gran parte", ha valorado.

En este sentido, ha explicado que el edificio es "propiedad de 'la Caixa' y desde el primer momento se ha prestado a colaborar", al tiempo que "se ha hablado con los vecinos". Así, espera que haya una solución "satisfactoria para todos, tanto para resolver los problemas de las personas que están en el bloque, como para resolver los problemas de los vecinos". Hay unas once viviendas ocupadas, con unas 30 o 40 personas.

El agua y la luz

Por otra parte, Del Castillo ha informado de que desde la Oficina se ha trabajado con la empresa municipal de aguas (Emacsa) para "un mecanismo de garantía de suministro vital en aquellos casos en los que la familia no pueda hacer frente al pago del recibo del agua por insolvencia económica", para lo cual "el protocolo está avanzado y comenzará a funcionar en 2016".

Mientras, con Endesa se han tenido "distintos contactos para profundizar y dar mayor alcance al convenio firmado hace unos meses para lograr que no se cortara la luz a las familias en emergencia social", y aunque "lamentablemente no se puede llegar a todos los casos", el edil ha subrayado que "se va a elaborar un nuevo convenio que incluya otras cláusulas que facilite la labor y se pueda alcanzar a más familias".

También, ha señalado que ya funciona un protocolo con los centros municipales de Servicios Sociales Comunitarios; está pendiente de firmar otro con la Junta y con los juzgados y secretarios judiciales; al tiempo que "hay una colaboración estrecha" con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la empresa municipal de la vivienda de Córdoba (Vimcorsa), así con 'Stop Desahucios', asociación con la que "se firmará un convenio de cooperación".

Igualmente, el edil ha indicado que se hacen gestiones con diferentes entidades bancarias para "ceder viviendas vacías". Un trabajo que empezó en junio y espera "resultados inmediatos" con sendos convenios con CajaSur y 'la Caixa'. Según ha explicado, la primera ya ha ofrecido 58 viviendas y espera que estén a disposición de la oficina "a la mayor brevedad", mientras que la segunda "ya ha cedido tres viviendas para resolver casos que estaban en extrema emergencia habitacional".

Entretanto, ha criticado que "otros bancos no han contestado", y entre ellos la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pese a "intentar contactar muchas veces con ella", algo que le parece "muy grave porque la entidad no colabora con los municipios con viviendas que pueden resolver la situación de emergencia habitacional de tantas familias".

Asimismo, ha resaltado que se trabaja en un plan de contingencia para emergencia habitacional, de manera que a corto plazo se trabaja con Cruz Roja para alojamientos temporales, y se trabaja en un plan a medio plazo para "adecuar algún edificio público para hacer un centro de acogida para familias en situación de crisis habitacional", ha apuntado.

"las actuaciones delictivas"

En relación al supuesto cobro de mafias por entrar en viviendas vacías, el concejal ha aclarado que "las actuaciones delictivas que se hacen en viviendas no se apoyan desde el Ayuntamiento" y ha declarado que "no es competencia de la oficina actuar con estas acciones". Y aunque "se han detectado dos casos, la inmensa mayoría de la gente que llega a la oficina es gente en situación normal sin ningún tipo de irregularidad", ha defendido el director.

No obstante, ha detallado que en esos dos casos "inmediatamente se cortó todo tipo de atención", puesto que "cuando haya una picaresca o tráfico ilícito de vivienda se deja de atender el caso y no se presta ningún tipo de apoyo o asesoramiento". Y es que, "eran gente que estaba intentado que se le apoyara desde la oficina y en realidad querían conseguir la vivienda para luego traficar con ella", ante lo cual "en el momento que se ha detectado se ha cortado todo tipo de atención y se ha acabado la intervención", ha manifestado.