El exalcalde de Chozas de Canales (Toledo), Antonio Antúnez, acusado de un delito de falsedad, ha admitido que emitió un certificado en el que se exponía que dos sociedades —Flos Inversora S.L. y Morguen Inversora S.L— habían solicitado licencia de obras para construir viviendas en la localidad en el año 2005 porque "los documentos —a los que hacía alusión— estaban en el Ayuntamiento", incidiendo en que si lo firmó es porque los funcionarios le certificaron que había una solicitud previa del año 2000.

"Yo me fiaba de los funcionarios del Ayuntamiento", ha indicado el acusado durante la celebración del juicio este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo, donde ha expresado que a él le daban "el libro de firmas" y "firmaba", convencido de que no pudo firmar un documento "sin ser cierto".

Además, el exalcalde, que ha comentado que suponía que la solicitud del certificado se la habría hecho el administrador de la empresa interesada, Flos Inversora S.L, ha dicho desconocer el motivo por el qué ese certificado no tenía registro de salida.

También ha señalado que en el año 2000 el terreno donde se iba a construir era "rústico, como todo lo que había" y fue en 2003 cuando se firmó la propuesta de reclasificación del suelo.

De otro lado, el acusado ha reconocido —a preguntas de su defensa— que en el año 2000 el archivo del Ayuntamiento estaba "algo saturado" por la gran cantidad de documentación que se emitió debido a los distintos proyectos de construcción de vivienda que había y, por tanto, en esas fechas hubo pérdidas de expedientes.

A continuación ha declarado denunciante de estos hechos, también el exalcalde de Chozas de Canales, Julián Agudo, quien ha indicado que cuando llegó al Consistorio tras la legislatura del acusado se dio cuenta de que la solicitud de licencia de obras de Flos Inversora S.L. tenía fecha de 2005, y no del año 2000, después de que un vecino del municipio le advirtiera de que había detectado ese hecho en una escritura pública particular. Ha asegurado también que durante su mandato los certificados "siempre" tenían registro de salida.

Advertencia en la tasación

Por su parte, dos trabajadores de la sociedad de tasaciones que se encargó de realizar la tasación para Flos Inversora S.L., han confirmado que en el expediente hicieron constar una advertencia sobre la licencia de obras. En concreto, el empleado que realizó la tasación ha apuntado que le pareció "raro" que la concesión de la licencia tuviera fecha de 2005 cuando la solicitud de la misma era del año 2000.

"Nos extrañaba", ha añadido este testigo, cuando la concesión estaba fechada días antes de que entrara en vigor la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, que exige, entre otras garantías, la contratación de un seguro de riesgo a la construcción.

Su compañera, que se encargó de supervisar la tasación, ha aclarado que tuvieron que admitir la documentación —aunque no vieran el documento del año 2000—, porque era un certificado municipal y porque sí constaba la licencia de obras y el proyecto visado, que es lo que necesitaban para realizar la tasación.

También ha comparecido en la vista oral otro exalcalde de Chozas de Canales, Ignacio Pitaluga, que ha confirmado que en el Consistorio "ha habido denuncias sobre todo aquello que no estaba bien hecho", y que él también firmó certificados durante su mandato aunque "todos con registro de entrada y salida".

Pudo haber "irregularidades" pero no "dolo"

En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal ha resaltado el hecho de que el acusado haya reconocido que firmó ese certificado y que "desaparecieron documentos", y ha pedido una pena de cuatro años de prisión por un delito de falsedad, inhabilitación especial por un tiempo de seis años y una multa de doce meses, con una cuota diaria de 20 euros.

La acusación particular, que solicita la misma pena que el Ministerio Público, ha incidido en que no consta que en mayo de 2000 hubiera ninguna solicitud de entrada en el Ayuntamiento, añadiendo que aunque se perdiera en el archivo, "el registro de entrada y salida no falla", convencida de que el "engaño" está en obviar ese registro.

Por su lado, la defensa ha pedido la libre absolución de su defendido asegurando que puede haber "muchos motivos" por los que la solicitud del año 2000 no está en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que durante esos años "era todo un poco a manga ancha" debido a que el Consistorio no tenía capacidad para gestionar toda la documentación existente.

Además, la defensa ha argumentado que aunque "esos fallos existen" y pudo haber "irregularidades", las mismas no son imputables al exalcalde, en cuya actuación "no hay dolo". Asimismo, ha incidido en que los ciudadanos tampoco se han visto perjudicados por estas actuaciones y en la "enemistad manifiesta" que tiene el denunciante con su patrocinado.

El juicio no ha contado con la acusación particular ejercida por el Grupo Municipal Popular al considerar la presidenta de la Sala que caería de legitimidad para personarse, por lo que el tribunal ha pedido al letrado de esta parte que se retirase de la sala. Tampoco se ha admitido la suspensión previa del juicio solicitada por el Ministerio Fiscal ante la ausencia de varios testigos.