La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria ha expresado su "malestar" e "indignación" por el contenido del Real Decreto que regula la prescripción enfermera, con el que ve "traicionadas" sus aspiraciones profesionales.

En un comunicado, la presidenta del Colegio, Rocío Cardeñoso, ha calificado de "tomadura de pelo" el texto aprobado ayer, viernes, en el Consejo de Ministros después de más de seis años de reuniones, debates y deliberaciones.

La Junta de Gobierno del Colegio cántabro se opone a que el Real Decreto establezca que para que los enfermeros usen algunos medicamentos sujetos a prescripción médica, como las vacunas, "deban venir previamente con la prescripción y el diagnóstico de un médico", algo que, según señala, no determinaba el texto redactado por Sanidad al que habían dado el visto bueno.

El Colegio se ha quejado de que con este Real Decreto quedan "invalidados" los programas, protocolos y guías de práctica clínica al precisar cada prescripción de un diagnóstico médico, cuestión que la Junta del Colegio valorará con sus servicios jurídicos de forma "urgente".

En este sentido, la Junta de la entidad colegial cántabra se reunirá con carácter de urgencia para solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que "reajuste" los programas y las prácticas habituales enfermeras, adaptándolas a la nueva normativa legal.

Sin embargo, ha advertido de que esto puede suponer un "auténtico caos" en el funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud.

El Colegio ha anunciado que estudiará medidas para presionar al Gobierno regional ante lo que considera una "manifiesta injusticia".

También realizará un llamamiento a todos los colegiados para que analicen la situación y no incurran en ilegalidades en la práctica de la profesión enfermera.

La opinión del Colegio cántabro va en línea con la expresada por el presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Máximo González, que lo ha descrito como "cacicada de un Gobierno en manos de la ultraderecha" y ha anunciado que el Consejo irá a los tribunales para anularlo y denunciará al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por prevaricación porque ha probado un Real Decreto que va en contra de una Ley de rango superior, la del Medicamento.