El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha acordado un paquete de medidas de refuerzo dirigidas a mejorar la respuesta de los órganos judiciales del orden penal de la Región y, de forma específica, de aquellos juzgados y tribunales en los que se siguen causas por corrupción.

Un compromiso que fue asumido como prioridad por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, en su discurso de toma de posesión el pasado 4 de marzo, con el objetivo de que la tramitación sea más ágil y eficaz, "especialmente en aquellos temas que más ocupan y preocupan a nuestros ciudadanos, que ponen en riesgo nuestra convivencia y la normalidad institucional".

Así lo ha recordado en una reunión informativa para la presentación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), puesta en marcha por el Consejo General del Poder Judicial, en la que han participado los magistrados decanos de todos los partidos judiciales de la Región y a la que también han sido convocados los titulares que tramitan procedimientos complejos o de corrupción.

Entre las medidas acordadas por el Tribunal Superior de Justicia destacan la inmediata adscripción de dos magistradas a cada una de las secciones Penales de la Audiencia Provincial de Murcia -Sección 2 y Sección 3- para reducir los tiempos de respuesta.

Esta ampliación de plantilla se suma a las dos nuevas plazas creadas, lo que supone un incremento de plantilla del 57 por ciento, al pasar de 7 a 11 el número total de magistrados destinados a dichas secciones.

Además del refuerzo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, con un Juez de Adscripción Territorial (JAT), como apoyo a su titular, tras haber correspondido por turno de reparto el conocimiento del conocido como Caso Auditorio; y la prórroga del refuerzo del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia con un JAT y liberación de su titular para su dedicación al conocido como Caso Umbra.

En este sentido, el presidente ha explicado los recursos que pone el CGPJ a su disposición a través de la UACC, unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados integrada en la Secretaría General, "encargada de detectar los problemas en los órganos judiciales que lleven causas por complejas/corrupción y formular a la Comisión Permanente las propuestas para su solución".

Destacan las medidas de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales; recabar de las Administraciones Públicas especialistas en economía, contabilidad, informática y otras materias; propuestas de modificaciones normativas; puesta en marcha de foros para fijar protocolos de actuación; asistencia técnica de otros miembros de la Carrera Judicial; y formación en técnicas de investigación y localización de activos provenientes del delito, creando equipos volantes y una red apoyo al instructor integrada por jueces y magistrados.

Así como auxilio en los requerimientos de información a la administración pública, pudiendo llegar a requerir a los Poderes Públicos la inmediata remisión de lo solicitado por el juez; apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y promoción de la utilización de los servicios de Eurojust y Rejue; e iniciativas dirigidas a garantizar la independencia judicial.

Por último, en dicha reunión se ha acordado la Constitución de Grupo de Trabajo sobre buenas prácticas en la tramitación de causas complejas integrado por cuatro magistrados, cuatro secretarios judiciales y la directora de comunicación del TSJ.

En esta materia, el Tribunal Superior de Justicia sigue las líneas de actuación marcadas por el Consejo, "consciente de que la dilación entre la infracción y la sanción reduce drásticamente el efecto de prevención de la norma penal, quiere contribuir a lograr una mayor eficacia de los jueces y magistrados en la resolución de las causas por complejas, mejorando tanto el funcionamiento de la Justicia como la percepción que de ella tiene la sociedad".