La formación ha calificado los hechos como "un vergonzoso episodio en el que el Gobierno de Navarra ha terminado claudicando ante los intereses de un grupo de radicales".

En concreto, los regionalistas han pedido que se les remitan "los escritos por los que el Gobierno se persona como acusación particular contra los ocupantes y días después renuncia a tal acusación, ante lo que el juez de instrucción entiende como una ocupación tolerada por parte del Gobierno de Navarra", ha explicado a través de un comunicado.

Asimismo, han solicitado que se aporten, en caso de que existan, "los informes jurídicos que respaldan la solicitud de renuncia al desalojo tramitada por el Gobierno de Navarra". "De no existir, estaríamos

nuevamente ante decisiones de carácter personal contrarias al interés general y

sin el necesario aval jurídico", han agregado.

Otro de los documentos solicitados es el "informe íntegro de Policía Foral en el que se advierte de que los radicales que ocupan el Palacio han realizado importantes alteraciones en el edificio sin control alguno, como la introducción de tubos de acero por las cubiertas o la construcción de diferentes elementos 'de defensa' en las dependencias del edificio".

En otro orden de cosas, UPN desea conocer "el coste aproximado de la operación de desalojo dirigida por la Policía Foral en el que se recoja el gasto en medios humanos y materiales, incluyendo el coste de horas extra y resto de medios empleados".

Por último, han solicitado la comparecencia del consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, como responsable del servicio de Patrimonio al que está adscrito el Palacio Marqués de Rozalejo para que ofrezca explicaciones de todas las actuaciones llevadas a cabo en relación a esta cuestión.

Para UPN, "la vergonzosa actuación del Gobierno de Barkos al ceder al chantaje de los radicales abertzales ha dejado vendida a la Policía Foral, que intervino en el arriesgado y complicado desalojo, y con ella ha dejado vendidos a todos los ciudadanos que cumplen las normas y son los legítimos propietarios del Palacio". "La decisión de disponer de esta forma sobre un edificio público es arbitraria, injusta y contraria al interés común", ha censurado.

Por todo ello, el partido regionalista desea conocer "el alcance exacto de todas las actuaciones del Gobierno y sus concretos responsables con el fin de emprender, si procede, las correspondientes acciones judiciales civiles y penales".