Así lo ha planteado la patronal alicantina al conocerse que la CNMC ha recurrido la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de las tres primeras ciudades españolas que buscaban "controlar y limitar el 'tsunami' de la hotelización de viviendas que se está extendiendo sin límite como consecuencia del desarrollo tecnológico de aplicaciones que permiten este tipo de transacciones y reservas sin control ninguno", según ha indicado la patronal en un comunicado.

Hosbec ha asegurado que "bajo una supuesta defensa de la 'competencia', la CNMC, con su recurso, defiende un modelo económico basado en la economía sumergida, sin que pueda aplicársele ordenanza limitativa alguna porque, según su criterio 'tienen efectos restrictivos sobre la competencia... y provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad...'".

Según la patronal hotelera, se trata de argumentos "vacíos" y que "se caen simplemente al observar cómo hemos sido testigos estos dos últimos años de una auténtica exposición en la 'hotelización' de viviendas sin control, limites ni normativas y desde luego ni se ha abaratado el precio ni se ha aumentado la calidad, sino que sus efectos han sido precisamente otros completamente diferentes".

Hosbec ha alegado que en estos años se ha elevado "sustancialmente" el precio medio del alquiler de viviendas, se ha reducido "considerablemente" el parque de viviendas disponibles para el arrendamiento urbano, se han generado "no pocos problemas de convivencia" entre vecinos y relaciones en las comunidades de propietarios y se han activado "conatos de turismofobia" de una actividad que se ha venido desarrollando "de forma pacífica desde principios de los años 60 en España".

Además, "se ha reducido progresivamente el gasto medio por turista, y se han incrementado los costes municipales necesarios para mantener los servicios básicos de las ciudades como seguridad, limpieza, orden público, urbanidad".

Además, han acusado a la CNMC de olvidarse de que las viviendas en cualquier municipio se construyen para ser residencia permanente o temporal de las personas, "y no para ser hoteles encubiertos que puedan comercializarse como tales sin cumplir las exigentes normas de los establecimientos hoteleros".

Asimismo, han puntualizado que "en un alto porcentaje" de estas transacciones "no son declaradas a la Hacienda pública" y que las personas que prestan servicios laborales para los propietarios y explotadores de estas viviendas "lo hacen en muchos casos como empleo sumergido sin cotizar a la Seguridad Social y sin cumplir las obligaciones del convenio colectivo de referencia".

Los responsables de la CNMC "se olvidan de que el alquiler turístico de viviendas y la 'hotelización' que se está haciendo de las mismas es una actividad económica" y, por ello, "no se puede desarrollar en cualquier lugar y sin ninguna condición, limitación o exigencia".

"La residencia de las personas es la actividad autorizada en estas viviendas por su propia definición, pero no es posible extender el concepto de residencia a estancias de uno, dos o tres días, ni a despedidas de soltero como viene sucediendo en el presente".

Desde Hosbec han lamentado, asimismo, que "no deja de sorprender" como las autoridades de competencia "no muestran ni el más mínimo celo o exquisito concepto de competencia a la hora de valorar las más de 400 normas jurídicas que se aplican sobre un hotel, la mayor parte de ellas dedicadas a la seguridad, salubridad, higiene y calidad de los establecimientos hoteleros".

Normativas, que "ninguna es exigida ni cumplida por la viviendas comercializadas como hoteles. Desconocemos que la CNMC haya impugnado ninguno de los 17 decretos reguladores de los establecimientos hoteleros existentes al entender que, por ejemplo, establecer una superficie mínima de habitaciones de 16 m2 para hoteles de cuatro estrellas, es una medida limitativa de la competencia y que no garantiza una mayor calidad ni protege adecuadamente a los ciudadanos porque impide la entrada de nuevos operadores en el mercado".

"En nuestra opinión, las viviendas que se alquilan turísticamente son una actividad económica y como tal actividad debe sujetarse a una planificación municipal. Como el resto de actividades económicas, los ayuntamientos tienen la obligación de determinar en qué lugares puede desarrollarse o en cuales no. No hacerlo sería una importante dejación de funciones con consecuencias negativas para la población residente", han zanjado.