En concreto, la denuncia, consultada por Europa Press, se dirige contra Rodríguez; los gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; y los anteriores, Josep Ramón Tiller y Víctor Sahuquillo; y contra el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Jorge Cuerda.

Alude a presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos. En su escrito, Cs pide a la Fiscalía que abra diligencias de investigación penal para comprobar las presuntas irregularidades sobre contratos de alta dirección.

Según expone en su escrito, en julio de 2015 el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes -uno militante del PSPV y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato -tres del PSPV y cuatro de Compromís- "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Señala que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año.

Con estas contrataciones, se advierte en la denuncia, se pretende por parte del gobierno que preside Rodríguez "evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas y, por tanto, a partir de un comportamiento injusto, se pretende eludir todos los principios constitucionales rectores de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir a aquéllos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza".

Según varios informes, que se acompañan a la denuncia, esta relación laboral de altos cargos no debía considerarse de alta dirección y su contratación debía haber seguido los principios básicos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, se estima que antes de nombrar a estas personas ya se tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de la decisión de la contratación. Es decir, "a sabiendas de su injusticia se dicta una resolución arbitraria por Rodríguez, pues el secretario general de la Diputación cuestionó en julio de 2015 esta situación".

Hasta marzo de 2018, tal y como detalla la denuncia, se mantuvieron cuatro de los siete contratos irregulares y se nombraron dos más recientemente, de los que uno no tomó posesión.

Con esta situación, se alega que "la contratación de los directivos se ha realizado de manera conscientemente ilegal y a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad y contra los estatutos de la empresa pública y con perjuicio y menoscabo de los caudales públicos, lo cual supone una sustracción y malversación de fondos y desviación del destino de los mismos".

DOS ALTOS DIRECTIVOS DE 2018

La denuncia agrega que en febrero de 2018 se acordó la contratación de dos altos directivos más al margen de los nombrados en noviembre de 2015 pese a informes en contra. Así, se estima que hay un "tráfico de influencias, una manipulación y una total falta de respeto y el más absoluto desprecio al derecho".

Además, según el escrito, y en base a los presupuestos de los últimos años de Imelsa, no existía un incremento de actividad ni presupuesto alguno que justificase la contratación de una co-gerencia y de siete altos directivos, "cuyas contrataciones suponen una imposición de acuerdos abusivos continuados, despilfarro, desviación, sustracción y malversación". "La necesidad de las contrataciones no se justifica ni formal ni tácitamente, manifestándose un dolo en la decisión de especial gravedad", agrega.

Así mismo, se añade que "es posible que los altos cargos contratados por Imelsa realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa, aportaciones que, en todo caso, se obtienen de fondos públicos". "Esto -agrega- supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos de especial gravedad".