El PP se ha alineado con las defensas que piden la nulidad del caso Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, ante la falta de"concreción" de los hechos por los que la Fiscalía le acusa de lucrarse de beneficios en Pozuelo y Majadahonda.

El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha mantenido que no es el PP en todo caso al que debía reclamarse la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid).

Santos ha lamentado así la "indebida e inadecuada designación" del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una responsabilidad civil subsidiaria que le ha llevado a estar sentado en la última fila que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso.

Ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el PP, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio de 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.

El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión que autorizó el exjuez Baltasar Garzón que le llevaron a ser condenado.

Ha destacado que en esa sentencia el Supremo ya dijo que ese fue "uno de los atentados más graves al Estado de Derecho en su vertiente del derecho de defensa que recuerda a los estados totalitarios".

Pese a esa sentencia, que provocó expulsar de ese procedimiento la transcripción de las conversaciones, Santos ha observado que esa información ha sido utilizada por la UDEF, la Fiscalía y el propio juez instructor.

Por ello, considera que ahora la Sala deberá resolver en qué manera eso ha podio afectar "al devenir de los posteriores actos de investigación" y "de qué manera pueden tener un efecto contaminante en el desarrollo de la posterior investigación".

De ser aceptadas estas cuestiones por el tribunal, que ya ha anunciado que las resolverá la próxima semana, toda la investigación que parte de esas grabaciones quedaría invalidada y el juicio no podría celebrarse.

Por contra, la defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato, encausada también como partícipe a título lucrativo por los regalos de la Gürtel a su exmarido Jesús Sepúlveda cuando era el alcalde de Pozuelo, ha declinado presentar cuestiones previas y se ha limitado a aclarar que la incomparecencia de su cliente en el banquillo está amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La intervención de Santos ha sido la última en esta segunda jornada de juicio, durante la cual se ha visto con más evidencia la posible existencia de acuerdos con la Fiscalía de cuatro de los 37 acusados.

De hecho, fuentes próximas a la defensa de Correa han indicado a Efe que el cabecilla de la trama ha ofrecido a Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa a cambio de un pacto que aún no se habría producido y que pasaría por una reducción de su pena.