Inicialmente el fiscal pedía 1.440 euros para cada uno de los diez acusados en el proceso. Sin embargo, ahora ha decidido elevar la petición a 4.500 euros tanto en el caso de Vilanova como el de Rosón, según han confirmado fuentes de Fiscalía, que no han precisado las razones del incremento.

No obstante, fuentes cercanas al proceso consultadas por Europa Press han explicado que el fiscal argumentó, a la hora de pedir multas más altas para ellos, que tanto Fernández Vilanova como Rosón tienen un mayor poder adquisitivo al ser cargos públicos.

Fue en noviembre de 2011 cuando un grupo de personas, vinculadas a movimientos de los 'indignados', decidieron instalarse en la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, ubicada en la calle General Elorza y que estaba vacía. Desde el principio, fueron bien recibidos por el vecindario, al revitalizar el inmueble y generar distintas acciones culturales, educativas y solidarias.

No obstante, la constructora Sedes, propietaria del inmueble y que está participada por el Gobierno del Principado, llevó a los tribunales la situación. Los activistas fueron desalojados en el año 2014. Luego, el edificio fue derruido y se está construyendo otro en el mismo lugar.

El delito que se les imputa a los diez acusados se refiere a la ocupación sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantuviere en el contra la voluntad de su titular.