Además, el bajo nivel de los pantanos ya ha activado la alerta en todas las comarcas, desde el Guadalhorce a la Axarquía y algunos municipios han tenido que ser abastecidos por camiones cisterna.

Así lo ha informado este lunes la nueva ejecutiva de COAG Málaga, dirigida por el secretario provincial, Antonio Rodríguez, que cuenta con 12 miembros, de los cuales cinco son mujeres; siendo todos profesionales de la agricultura y ganadería de la provincia.

Durante estos últimos días, ha culminado una ronda de contactos con partidos que tienen representación política en la provincia -Ciudadanos, Podemos, PSOE, IU y PP- así como con representantes de las principales instituciones de la provincia -ayuntamientos, Diputación y Junta- en las que se han puesto sobre la mesa algunos de los problemas que se ciernen sobre el tejido agrícola y ganadero de Málaga.

En relación con la sequía, COAG Málaga ha mantenido su petición de priorizar el arreglo de sistemas de regadío "obsoletos" como el del Guadalhorce, por "cuyas viejas acequias y roturas se pierden 20 hectómetros de agua al año, antes que la construcción de nuevas y costosas presas, cuestión que entendemos que se han de tratar a largo plazo".

Durante esta ronda de reuniones, han trasladado la existencia del instrumento tan "importante" que se está trabajando en COAG Málaga y es de "las enormes diferencias" que mensualmente registra el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD). Frutas como la nectarina o la mandarina "multiplican por once su precio de origen hasta que llegan al consumidor", mientras que el ajo o la ciruela "incrementan su valor en más de un 700 por ciento", han informado.

Con unos costes de la producción agrícola y ganadera "muy elevados" la volatilidad del mercado provoca "bajadas de precios que ponen en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, que se ven obligadas a vender por debajo del coste de producción, tirando por la borda el esfuerzo de los profesionales del campo", han añadido desde COAG Málaga.

Por último, COAG Málaga han querido poner punto final a las situaciones de inseguridad jurídica que afectan a un "considerable" número de agricultores y ganaderos. "El caos burocrático de las administraciones, y la superposición de normativas urbanísticas y medioambientales de diferentes entes públicas, están dejando a muchos productores en un limbo legal, que les sitúa fuera del alcance de líneas de crédito y financiación, así como de ayudas y subvenciones de ámbito estatal y comunitario", ha concluido.