Fernández se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, al responder a una pregunta del portavoz de IU, quien le ha planteado directamente si el Gobierno quería derivar pacientes de la sanidad pública a la privada.

El asunto fue objeto de debate hace ya una semana también en la sesión plenaria y en el debate parlamentario Llamazares dejó claro su disgusto, llegando a decir que el decreto quebraba la confianza edificada en torno al pacto de investidura que IU suscribió con la FSA-PSOE para que Javier Fernández sea presidente. Llamazares comparó las políticas socialistas con las del PP.

En un tono conciliador, este viernes Javier Fernández ha aclarado a Llamazares que el PSOE siempre defiende el sistema público y que está dispuesto a negociar el contenido de la norma que sólo busca ser un "paso más" en la mejora de los servicios sanitarios.

En su intervención, Javier Fernández ha detallado derivaciones que se producen actualmente en la sanidad asturiana, que supuso en 2015 un coste de 85,6 millones para centros de fundaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja, Jove, Avilés y Adaro; 961.896 euros para clínicas que realizan abortos; 837.000 euros para organizaciones que atienden a toxicómanos y 737.189 eruos a atención domiciliaria y fisioterapia.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha dicho que "no existen soluciones privadas a problemas públicos". El recurso a las derivaciones, según el dirigente de IU no es la solución a un problema "complejo" como el de las listas de espera. Ha planteado la necesidad de terminar con la incertidumbre a la que se enfrentan pacientes, con fomentar la participación de profesionales, y con priorizar, siempre evitando "soluciones fáciles".