Sánchez dice que detener a una madre por incumplir las visitas por supuestos abusos no resolvería el problema

  • La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha indicado este lunes que la detención solicitada para la madre acusada de incumplir el régimen de visitas con el padre de su hija, al que se llegó a achacar supuestos abusos a la menor, "no es la medida que vaya a venir a resolver este problema que además no es de ahora".

Así lo ha indicado la titular andaluza de Políticas Sociales a preguntas de los periodistas sobre este caso en el que el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada habría ordenado la detención de una madre por incumplir el régimen de visitas establecido para su hija.

"La toma de decisión al respecto de esta relación" en el ámbito de la familia tiene que ir "fundamentalmente encaminada a que la niña sufra lo menos posible", ha señalado Sánchez Rubio, que ha informado de que los trabajos de los equipos de menores de la administración autonómica, tanto en el ámbito andaluz como provincial, avanzan en la línea de que "se analice toda la información".

En el marco de las competencias de la Consejería para la protección de los menores, se trata de ayudar en "la toma de decisiones en el ámbito judicial" pues "el hecho de que se produzca una detención va a provocar un mayor sufrimiento a la menor" que vive en un "tira y afloja" consecuencia de las relaciones de sus padres.

La Junta trabaja así, según ha proseguido la consejera de Igualdad, para "coordinar esfuerzos" con el objetivo de "garantizar el interés superior" que establece la ley para que no se vulneren los derechos de la menor, "alguien que no se puede defender si no la defendemos nosotros".

"No hablamos de culpabilizar a nadie", ha especificado Sánchez Rubio, quien ha pedido "cautela" en este caso en el que "ha habido informes" con "distintos posicionamientos y posturas" habiendo "confusión a veces" sobre si "se han producido los hechos que se describen o no".

Ha subrayado por último la necesidad de que los procesos de tutela y régimen de visitas de menores queden condicionados ante supuestas situaciones de abusos y malos tratos y que, en ningún caso, se puedan utilizar "como instrumento contra la pareja" en detrimento de los derechos de los niños.

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