Según la información facilitada por Hacienda, este porcentaje aumentará al 30 por ciento cuando termine el proceso en el que están inmersos casi dos centenares de entes públicos.

Esta reducción del sector público autonómico se acordó en 2012 en el Consejo Política Fiscal y Financiera dentro de las medidas para reducir el déficit. De hecho, la medida se incluye en los planes de ajuste que permiten acceder a fondos de financiación como el FLA.

Por comunidades, tras las tres mencionadas y por encima de la media nacional se encuentran Castilla y León (29% suprimido), Galicia (27,5%), Cantabria (26,5%) y la Comunidad Valenciana (25,1%). Y por debajo, La Rioja (20,6%), Navarra (18,5%), Cataluña (18,2%), Aragón (16,3%), Canarias (13,9%), Madrid (12%), Asturias (11,1%), Extremadura (10,5%) y Andalucía (9,4%). El inventario no recoge datos del País Vasco.

En términos absolutos, se han eliminado hasta 2016 un total de 482 entes y quedan en funcionamiento 1.884 incluidas Ceuta y Melilla. Cataluña es la comunidad que mantiene más entidades públicas tras esta reducción (395), seguida por Andalucía (tiene 326), Madrid (153), la Comunidad Valenciana (122), Galicia (116) y Aragón (102). En el otro lado se encuentran comunidades pequeñas, como La Rioja (23 entes), Cantabria (47) y Navarra (57), pero también Castilla-La Mancha (34), Murcia (54) y Castilla y León (61).

Según la tipología del ente, cabe destacar la reducción experimentada durante los últimos cuatro ejercicios en el número de sociedades mercantiles y consorcios dependientes de las Comunidades Autónomas, tanto en términos absolutos como relativos.