Para agilizar el proceso de aprobación de la normativa, Govern y Tercer Sector han acordado este miércoles pedir que la futura ley de acción concertada se tramite en el Parlament por lectura única.

"Nos ponemos a la vanguardia con una normativa diferente a nivel estatal en lo se refiere a la significación de un modelo de servicio social novedoso", ha manifestado Armengol.

Por su parte, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha señalado que "esta ley no habla solo de la concertación, sino de la contratación de servicios sociales que no se concierten por la administración pública".

En este caso, la ley establecerá "obligaciones" a las empresas, públicas y privadas, que se presenten a concurso. Entre otras normas, se tendrá que "demostrar solvencia económica y tener una puntuación mínima de un 50 por ciento en el apartado técnico".

Asimismo, Santiago ha añadido que otro de los puntos fundamentales de esta normativa es que, "de forma justificada, se podrán hacer concursos únicos entre el Tercer Sector Social".

Sin embargo, ha concretado que se tratará de concursos no superiores a 750.000 euros y con un máximo de tres años.

Por otra parte, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha apuntado que uno de los puntos importantes de esta normativa es que se incluye, por primera vez, la concertación de todo lo referente a la orientación para colectivos vulnerables del Tercer Sector.

De la misma forma, "se trabajará, por primera vez, de manera directa con los servicios públicos de empleo".

Armengol ha reiterado que "ninguna CCAA cuenta con esta normativa", lo que supone a Baleares ser la primera autonomía con una Ley de Acción Concertada con el Tercer Sector Social que permita la contratación pública en el sector de ocupación de personas vulnerables. Se trata de una proposición amparada con la normativa actual europea.