Precisamente, entre los solicitantes de tales medidas figura uno de los principales inculpados, Rafael Delgado, primero en ser interrogado este viernes en calidad de investigado en su condición de viceconsejero de Economía y secretario general entre 2003 y 2011 y que, sin éxito, ha solicitado el archivo del caso respecto de su persona por entender que los presuntos delitos que se le imputan están prescritos.

En su petición, no atendida por la instructora, también había pedido el aplazamiento del interrogatorio tras alegar que no había recibido la totalidad de las actuaciones, que accedió a ellas hace poco más de una semana y que aún le falta por recibir otra parte importante, entre documentos y CDs.

SIN ACCESO AL INFORME DE LA AEAT

Pero además, algunos de los investigados hacen constar que la memoria USB que les ha sido facilitada sobre el caso contiene documentos que sí han podido examinar pero que no han podido acceder a otra documentación, fundamentalmente la relativa al informe de la Agencia Estatal Tributaria, la misma sobre la que se sustenta la querella de Fiscalía Anticorrupción, debido a que las claves de acceso facilitadas por la AEAT no les permiten abrir los archivos.

Pese a ello, Rafael Delgado prestará declaración como una de las personas que figura en un lugar destacado en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que investiga una presunta trama vinculada a la instalación y concesión de parques eólicos en Castilla y León que durante años, entre 2000 y 2015, facilitó supuestamente a empresarios y altos cargos de la Junta el cobro de comisiones por importe de 80 millones de euros.

Al interrogatorio de Delgado seguirá el de otra veintena de personas, entre investigados y testigos, que se prolongará, en principio, hasta el próximo 27 de septiembre, según el calendario inicialmente fijado por la juez del caso, Verónica Marcos, y que por el momento se mantiene inamovible.