El Defensor del Ciudadano advierte del aumento de las quejas por cortes de luz en la zona norte

  • El Defensor del Ciudadano de Granada ha indicado que la problemática de los cortes de luz en la zona norte de la capital van "de mal en peor", habiéndose producido un aumento de las quejas por este asunto el año pasado, cuando supusieron un 15 por ciento de todas las presentadas ante esta oficina, mientras que en 2016 fueron el 14 por ciento y en 2015 el doce por ciento.

Así consta en el informe del Defensor del Ciudadano correspondiente a 2017, presentado este miércoles, y que sitúa también entre las principales problemáticas de los vecinos de Granada la necesidad de vivienda, el desempleo, los problemas con la hipoteca, o las molestias derivadas de las terrazas, los perros en el espacio público, las bicicletas o el consumo de alcohol en la vía pública, entre otras.

En 2017, hubo un diez por ciento de las quejas relacionadas con la atención en la sanidad pública, señalando el Defensor del Ciudadano los problemas relacionados con las "urgencias saturadas" y la "gran demora en la atención sanitaria" con "aumento de los plazos para especialistas, pruebas e intervenciones".

A la oficina han recurrido el año pasado 10.897 personas, lo que supone un incremento del 108 por ciento respecto de 2016. Ha realizado 8.100 actuaciones, atendido 2.167 llamadas, recibido 55.913 visitas en la web, y colaborado con 29 colectivos y entidades ciudadanas.

En el 82 por ciento de los casos cerrados, la Administración aceptó su actuación, el 84 por ciento de las actuaciones fueron resueltas por el Ayuntamiento, 256 familias fueron atendidas desde el Servicio de Intermediación Hipotecaria, y cinco personas y dos colectivos en el Punto de Atención Lgtbi.

El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, ha señalado que "los problemas y quejas que nos han planteado las casi 11.000 personas que han acudido a la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada durante 2017, muestran una realidad que demanda una actitud propositiva dirigida hacia una acción real y efectiva", estando "seis de cada diez actuaciones" motivadas "por la vulneración de algún derecho".

Apuesta por "restablecer de inmediato las conexiones ferroviarias" después de más de tres años de "aislamiento" por trenes, y por "acabar con los incumplimientos de aplicación de la Ley de Dependencia". Asimismo, "las administraciones públicas deben eliminar el papeleo, la rigidez y las formalidades burocráticas superfluas e innecesarias".

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