El ex síndic major de Comptes Rafael Vicente Queralt ha afirmado que en los informes de fiscalización que realizó a la empresa pública Ciegsa no encontró "ninguna irregularidad grave ni responsabilidad contable" y que los costes adicionales en las obras de colegios detectados están "todos recogidos", aunque algunos de ellos "insuficientemente justificados". Además, ha señalado que en algún informe "se hablaba de que la deuda ascendía a 900 millones", pero que no recuerda que hubiera "los 1.000 millones redondos" en sobrecostes.

Queralt, en la comisión de investigación en las Corts sobre la construcción de centros educativos a través de Ciegsa, ha explicado que no le gusta la palabra sobrecoste y que si estos modificados "no se hubieran contabilizado, lo habrían dicho porque sí que sería grave" mientras que "algunos de ellos se contabilizaron mal, y se dijo". "Pueden estar tranquilos", ha señalado a sus señorías.

En ese sentido, ha insistido en que los modificados de presupuesto no le gustan, pero que "están contabilizados y adecuadamente soportados contablemente", aunque "quizá su justificación en los expedientes eran insuficiente".

Al respecto, ha comentado que desconoce si estos sobrecostes perseguían algún fin político, en respuesta a las acusaciones de desvío de dinero por corrupción que le han presentado desde PSPV, ya que el deber de la Sindicatura era realizar un control financiero posterior, que se hizo de forma "exhaustiva" a lo largo de más de 500 folios de informes sobre Ciegsa.

Además, ha justificado que para comprobar el grado de seguimiento de sus recomendaciones, tendría que haberse realizado una auditoría específica para la que carecía de medios personales ni materiales y que competía a las Corts, a las que presentaba sus informes, ordenar si había que realizar alguna actuación más allá de los informes.

En cualquier caso, ha afirmado que aunque no han encontrado responsabilidad contable, cuando encontraban algo "dudoso" lo ponían en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía, a quienes hacían notar "los puntos débiles".

Al respecto, Vicente Queralt, que hace un año que está jubilado, según ha recordado, ha apuntado que el convenio entre Ciegsa y la Conselleria de Educación fue "criticado con contundencia" por "subcontratación no procedente" en los informe de 2001, 2002 y 2003, en los que se incluyó "4 ó 5 salvedades". Pero, ha recordado que pese "a los defectos de tramitación devino firme" y "rigió toda la vida de la empresa".

Además, ha constatado que en la contratación de personal se detectó "un montón de irregularidades", sobre todo en la cuantía de los salarios, y que estas salvedades se recogieron en los informes hasta que fueron subsanadas.

DISCREPANCIAS CONSIDERABLES

Del mismo modo, ha aludido a las "discrepancias considerables" que mantuvo con el anterior Consell al entender la Sindicatura que el endeudamiento de Ciegsa debía ser contabilizado como deuda de la Conselleria de Educación y que "al final" el Gobierno la asumió como "propia".

El exsindic ha aclarado que en sus informes ya manifestó que Ciega se encontraba en situación de disolución por el volumen de deuda -desde 2012 ha recordado la diputada socialista Ana Barceló- y que desconoce por qué los políticos "no hicieron caso".

Asimismo, ha señalado que el procedimiento negociado sin publicidad "no gusta, pero no es ilegal" y que en los informes se criticó los casos en los que "no se justificó suficientemente". Además, ha destacado que el sistema de contratación por lotes se modificó para adaptarlo a la legislación.

No obstante, ha afirmado que no se encontraron con "ningún impedimento" para realizar su labor investigadora. Además, ha señalado que no suscribiría el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre Ciegsa de enero de 2016 -en el que se hablaba de un desvío de mil millones- porque "es un informe de control financiero posterior que no se ajustan a la auditoría pública" y que "no respeta las normas ni en estructura, ni contenido, ni en su tramitación".

Al respecto, ha apuntado que para comprobar si un colegio construido directamente por Conselleria es más barato que por Ciegsa hay que realizar una auditoría operativa, como se hizo con las resonancias magnéticas, para cotejar elementos comparables analizando precios de mercados y acudiendo a arquitectos independientes entre otros análisis.