La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha remitido este martes una carta al Parlamento autonómico en la que declina explicar los presupuestos de la institución provincial en esa sede, una actuación que, si bien no es obligatoria por ley, sí se ha llevado a cabo de forma ininterrumpida desde hace una década. De hecho, hay que remontarse a inicios del Gobierno bipartito, cuando se opusieron a ir a la sede del Legislativo gallego los presidentes populares de Lugo, Ourense y Pontevedra.

La carta de Silva, con fecha de este martes 31 de noviembre, y a la que ha tenido acceso Europa Press, alude a la autonomía local y a que únicamente tiene "obligación" de someterlos a consideración del pleno provincial. "Los tiempos en que se pretendía controlar las administraciones locales llegaron a su fin. Es hora de que se nos considere parte del Estado y, por lo tanto, se respete el marco constitucional y legal", asevera en la carta, sobre la cual la Diputación de Pontevedra también ha emitido un comunicado de prensa explicando los motivos.

Carmela Silva se dirige al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en su misiva. En ella, al margen de la cuestión de autonomía local, expresa su "malestar" por el trato recibido en la comparecencia del pasado año 2016, cuando sí acudió a la Cámara, al igual que lo hizo en 2015.

De hecho, recuerda en la actual carta que, en su día también envió una misiva de la que "no se obtuvo respuesta, ni siquiera una disculpa", que pide por haberse visto "sometida a ataques políticos por parte del Partido Popular que nada tenía que ver con contenido de los presupuestos".

La tensión de aquella comisión presupuestaria en la Cámara gallega, celebrada en diciembre de 2016 y que en ese momento presidía la popular Cristina Romero arrancó tras la intervención del diputado del PP Alberto Pazos Couñago.

El parlamentario popular acusó a Silva de imponer el "silencio" en una especie de "ley de la omertá" -la ley del silencio de la mafia siciliana- a quienes discrepan con ella en la política. "Ustedes mienten e intentan ocultar una gestión vergonzosa, clientelar y caciquil", le replicó, en aquel momento, Carmela Silva.

SIN PRECEDENTES DESDE EL BIPARTITO

Desde 2007 (para los presupuestos de 2008), los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales han comparecido en la Comisión de Orzamentos de la Cámara autonómica ininterrumpidamente, aunque no siempre había sido así.

De hecho, en noviembre de 2015, los servicios jurídicos del Parlamento emitieron un informe, al que tuvo acceso Europa Press, sobre la comparecencia de los presidentes de las diputaciones en la Comisión de Orzamentos de la Cámara, después de que PSdeG y BNG, de aquella en coalición en el Gobierno de la Xunta y con mayoría parlamentaria, solicitasen la presencia de todos ellos.

De aquella, los presidentes provinciales del PP -Ourense (José Luis Baltar), Lugo (Cacharro Pardo) y Pontevedra (Rafael Louzán)- registraron sendos escritos en los que rechazaban comparecer ante los diputados de la Cámara gallega. Por su parte, la Diputación de A Coruña la dirigía el socialista Salvador Fernández Moreda.

Los servicios jurídicos de la Cámara concluyeron, en aquel diciembre, que "el deber de colaboración entre instituciones es un principio constitucional que incluye a los presidentes de las diputaciones provinciales", puesto que son titulares de órganos de gobierno de corporaciones locales.

Asimismo, añadían en su informe que "pese a que están dotadas constitucionalmente de autonomía dentro de la organización territorial compleja del Estado, no quedan exentas de cooperar con un parlamento a través de quien legalmente dirige su gobierno y administración". Esto es, si bien cuentan con autonomía local, se hacía hincapié en la necesidad de colaborar entre instituciones.

En un segundo apartado, los servicios jurídicos de la Cámara señalaban que la incomparecencia de un presidente de diputación provincial ante la Cámara "no conlleva" responsabilidad jurídica ninguna, puesto que las normas que amparan el deber de colaboración y de buena fe constitucional "no contemplan sanción para su incumplimiento".

SILVA OFRECE COLABORACIÓN A FEIJÓO

En su misiva de este mes de octubre, y al margen de los argumentos esgrimidos para no acudir a la sede parlamentaria el próximo viernes día 3 de noviembre -cuando estaba citada-, Carmela Silva manifiesta su "disposición" con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Por lealtad institucional" para "cuantas reuniones considere oportunas", dice en la carta. "En favor de la potenciación, puesta en valor y crecimiento de la provincia de Pontevedra, que es una de las áreas territoriales de Galicia con mayor potencial industrial, turístico y económico", añade.

CRITICA "DISCRIMINACIÓN"

No obstante, la presidenta de la Diputación de Pontevedra no pasa por alto que el debate que se da en la Cámara autonómica es el de los presupuestos gallegos. Así, los considera "discriminatorios" con las "diputaciones provinciales que no son gobernadas por la derecha y, singularmente, la de Pontevedra, en comparación con el trato que la Xunta mantiene con la Diputación de Ourense, gobernada por el PP".

"Esta situación discriminatoria se repite también entre las administraciones locales de gran parte de esta comunidad", añade la también concejala de Vigo, donde gobierna el PSdeG con mayoría absoluta.

En la misiva, Carmela Silva destaca que la "importancia que tendría establecer un fondo local incondicional para las entidades municipales", con el que se evitarían "tratos discriminatorios o la aprobación de ayudas ad hoc para financiar sólo una parte de los ayuntamientos, mayoritariamente, coincidentes con los gobernados por el PP".