Es la conclusión que Frías saca del auto dictado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia, en el que estima que los hechos podrían constituir delito de administración desleal y ha dado un plazo de diez días, tanto a la Fiscalía como a las acusaciones particulares, para solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o nuevas diligencias en el 'Caso Navicoas'.

En declaraciones efectuadas este miércoles, el líder provincial de IU ha sostenido que se está llegando "al máximo de la corrupción" en Segovia y se ha referido a un caso "gravísimo".

Frías ha ido aludiendo a diferentes ex consejeros de Caja Segovia, implicados en la causa. En primer lugar, al presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Pedro Palomo, sobre quien el auto ha archivado el procedimiento, por no haber asistido a la reunión del consejo de administración en la que se decidió la hipoteca.

El coordinador de IU ha señalado que Palomo "se ha librado por casualidad" y ha recalcado que los empresarios "ya tienen a un ex presidente en la cárcel" y que los que representan a organizaciones que "piden recortes salariales y flexibilizar el despido" deberían "hacérselo mirar".

Por otro lado, se ha referido a los diputados provinciales que se encuentran entre las once personas a las que sí responsabiliza el auto. Se trata del vicepresidente de la Diputación y delegado de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente; el portavoz del grupo del Partido Popular en la institución provincial y delegado de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, y el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Jesús Yubero.

SORPRENDIDO DE QUE NO DIMITAN

"Me sorprende que a esta hora no hayan presentado su dimisión como cargos públicos", ha apostillado Frías, que ha argumentado que PP y PSOE se encuentran en una "particular olimpiada por ver quién consigue más medallas en imputados en este país". José Ángel Frías ha personalizado en Sanz Merino y ha asegurado que es "ejemplo de todo lo peor que podemos tener en esta provincia como representante público".

El auto responsabiliza igualmente al director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso. Frías se ha mostrado "extrañado" de que "no teniendo dinero para maestros, suplencias, libros de texto, subvenciones ni monitores" esté "imputado" en un caso de administración desleal.

El coordinador provincial de IU ha reiterado que PSOE y PP "apoyan" a imputados en sus formaciones de una manera "clarísima y flagrante". Además, ha manifestado "entender" por qué los socialistas no han aceptado listas conjuntas al Senado con Unidos Podemos y es para "bloquear" las acciones legales de los casos de corrupción.

Frías ha pedido a los ciudadanos que "dejen de votar a tramas corruptas" que van "de la mano" con Ciudadanos. Una formación que ha identificado con un "eslabón" para "seguir tapando" esa corrupción.

Por su parte, el abogado de IU, Alberto López Villa, ha remarcado que los términos del auto "suelen coincidir bastante" con el contenido final de la sentencia. Sin embargo, ha hecho hincapié en que no existe "inquina personal" dirigida a que las condenas reflejen "lo máximo posible" y ha reconocido la posibilidad de que finalmente se alcance un acuerdo.

Sobre los responsables asturianos de Navicoas, López Villa ha explicado que el auto define que no procede imputarles el delito de administración desleal. No obstante, la acusación particular de IU ha presentado un recurso a otro auto referido a la causa en el que solicitan en estos casos delitos de receptación, según el "artículo 301 del Código Penal".

También un delito de estafa a los despachos que asesoraron a los consejeros, "haciéndoles creer" que la asunción de la hipoteca era "lo mejor que podían hacer o lo único, sin ser así", según el letrado. El recurso implica a siete personas más, junto a Bankia, como partícipe a título lucrativo, y a la aseguradora Caser, que expidió las pólizas de "consejeros, directivos e intervinientes" en estos "negocios".

PENAS DE HASTA SEIS AÑOS

Alberto López Villa ha señalado que las penas de administración desleal podrían alcanzar "hasta dos o tres" años de cárcel, mientras que en los supuestos de receptación y estafa se podrían elevar hasta los "cinco o seis, en el peor de los casos". Sin embargo, el abogado ha insistido en que la intención no es que nadie "acabe entre rejas de una manera vengativa", sino recuperar el "perjuicio económico" y una exigencia de responsabilidad "justa".

Asimismo, ha explicado que el auto deja ver "claramente" que unos participaron de una forma "mucho más activa que otros". En ese sentido, y según López Villa, el presidente del consejo, Atilano Soto; el vicepresidente, Manuel Agudíez, y el director general de Caja Segovia, Fernando Tapias, "sabían perfectamente" lo que estaban haciendo, el "alcance" de la decisión", "a quién" estaban exonerando y a quién evitaban responsabilidades derivadas, mientras que otros no lo sabían "en absoluto".

Sobre estos últimos, el abogado de IU ha manifestado que "iban a votar allí", como "verdaderos testaferros", sin pedir documentación ni responsabilidades y "se volvían a su casa con el regalo correspondiente". En ese sentido, López Villa se ha referido a una "simple dejación de funciones" mediante una figura "meramente decorativa".