La iniciativa, que cuenta con el criterio contrario del Consejo de Gobierno, plantea que la citada comisión deberá estar constituida de forma efectiva en el plazo de un mes desde la aprobación de la proposición de ley por parte del Pleno, y estar formada por un diputado de cada grupo parlamentario, por un representante de la Consejería de Agricultura y por dos representantes de los agricultores y cooperativistas afectados.

En defensa de la iniciativa, el diputado popular Manuel Andrés González ha explicado que, aunque han pasado casi 50 años desde la declaración del Parque Nacional de Doñana, aún no se han cerrado algunos de los proyectos que se pusieron en marcha para el desarrollo del Espacio Natural, concretamente de sus zonas de protección e influencia. Uno de esos proyectos es el Plan Almonte-Marismas, plan impulsado desde el Gobierno de España primero y por la Junta de Andalucía después, que tenía por objetivo apoyar el desarrollo económico de la zona.

Según el popular, los agricultores y cooperativistas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas formalizaron el 27 de junio de 1997 un acuerdo con la Junta, en un escenario de crisis económica y social sin precedentes, que preveía dos soluciones: el acceso a la propiedad y la retirada de tierras de cultivo.

Así, añade que si bien no ha existido casi ningún problema para los agricultores que optaron por la continuidad y el acceso a la propiedad, dado que las iniciales condiciones para la permanencia posteriormente se suavizaron con medidas de apoyo económico y de otro tipo; los agricultores que por sus dificultades económicas no podían cumplir las condiciones requeridas por el Gobierno andaluz en 1997 y se vieron obligados a optar por la retirada de tierras de cultivo, "se han visto lesionados en su derecho a acceder a la propiedad de la tierra ya que las condiciones tal como finalmente se aplicaron sí podrían haber sido cumplidas por ellos y posibilitarles este acceso".

PSOE-A VE "UNA ABERRACIÓN LEGISLATIVA"

Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria María Nieves Ramírez ha criticado la "irresponsabilidad" del PP-A, partido al que ha acusado de "hablar de injusticia cuando esa no es la realidad porque la Junta ha cumplido" con estos cooperativistas, a la par que ha censurado que los populares "presentan una aberración legislativa para usurpar las competencias del poder legislativo".

Así, ha criticado el "oportunismo político" del PP-A, un grupo parlamentario que, a su juicio, "alimenta falsas expectativas a estas familias", cuando también ha aludido a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) muy "dura" que se ha pronunciado en contra de este asunto.

Jesús Romero, por Podemos, ha señalado que para posicionarse ante esta proposición de ley hay que preguntar a los grupos "si tenemos voluntad política de llegar a un acuerdo dialogado y formar un grupo de trabajo donde se puedan llegar a acuerdos para reparar las injusticias a las que han sido sometidos estos cooperativistas". "Esta iniciativa nunca debería haber llegado y si ha llegado es porque el Gobierno se ha negado a establecer el diálogo y ha hecho oídos sordos", ha remachado.

El diputado de Cs Julio Díaz ha considerado que se presenta una iniciativa 'sui generis' porque piden una comisión de trabajo "a través de una proposición de ley y no de una proposición no de ley, como es habitual, y además con una composición peculiar". Así, ha justificado la abstención de su grupo porque "hay que buscar una solución viable por la vía política" y Cs "no puede oponerse al diálogo".

Por último, en nombre de IULV-CA, la parlamentaria Carmen Pérez ha explicado que esta proposición de ley nace de una demanda social ante un problema que "fue provocado por la Junta" y ha criticado que, a pesar de que han sido muchas las iniciativas aprobadas en la Cámara en este sentido, ninguna ha salido adelante por la oposición del PSOE-A.