El Govern paga 160.000 euros de vigilancia por la antigua Llotja vendida a Barcelona

  • La Generalitat ha pagado 160.000 euros desde mayo para el servicio de vigilancia de la antigua Llotja, ubicada en la calle Avinyó.
  • La antigua Llotja, también conocida como el Borsí, fue desalojada por los Mossos d'Esquadra a principios de mayo.
Fachada de la antigua Llotja de Barcelona, en la calle Avinyó.
Fachada de la antigua Llotja de Barcelona, en la calle Avinyó.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Fachada de la antigua Llotja de Barcelona, en la calle Avinyó.

La Generalitat ha pagado 160.000 euros desde mayo para el servicio de vigilancia de la antigua Llotja, ubicada en la calle Avinyó de la capital catalana y que ha comprado el Ayuntamiento de Barcelona dentro del acuerdo de 40 millones de euros que se destinarán a que el Metro llegue a la Zona Franca.

La antigua Llotja, también conocida como el Borsí, fue desalojada por los Mossos d'Esquadra a principios de mayo, momento desde el que la Conselleria de Economía asumió este gasto para evitar que el edificio volviera a ser 'okupado', han informado fuentes del departamento a Europa Press.

El inmueble -vigilado las 24 horas del día con tres turnos de dos personas en cada uno- todavía es propiedad de la Generalitat y, cuando pronto se formalice el cambio de escritura y pase a ser del Ayuntamiento, éste asumirá los gastos si se mantiene la vigilancia, han señalado las mismas fuentes.

La alcaldesa, Ada Colau, explicó recientemente en rueda de prensa junto al conseller de Economía, Oriol Junqueras, que el Ayuntamiento prevé destinar este inmueble a usos vecinales ligados a su entorno y a Ciutat Vella.

El acuerdo para las obras de las estaciones de la L10 Sur de Foneria y Foc Cisell incluye también la compra de piezas en el ámbito de Can Batlló y parte de las antiguas Cotxeres Borbó, espacios que se destinarán a vivienda y equipamientos y por los que el Ayuntamiento ha pagado un total de 40 millones.

La antigua Llotja fue 'okupada' el domingo 1 de mayo por una decena de personas con la intención de convertir el espacio en un centro de acogida para refugiados e inmigrantes, y fue desalojada dos días después por la policía catalana tras una denuncia presentada por la Generalitat.

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