Castellano ha hecho este avance del borrador del alquiler vacacional en una comparecencia parlamentaria a propuesta del Grupo Socialista donde ha admitido que en este "reto" por legislar el alquiler vacacional se necesita de un diálogo de todas las partes, así como de los partidos para compatibilizar todas las actividades turísticas que se dan en Canarias.

En este sentido, expuso que si bien Canarias se ha estado rigiendo durante estos años por el decreto vigente, aunque 'matizado' por algunas sentencias, sí que afirmó la necesidad de ofrecer una solución al sector para dar seguridad jurídica y responder a la

sostenibilidad del modelo, la compatibilidad o incompatibilidad, las garantías, el papel de las plataformas digitales o la protección de los derechos, entre otros.

Por ello, indicó que el borrador recoge la necesidad de armonizar la oferta de viviendas vacacionales con el resto de alojamientos, compatibilizarlo con los recursos e infraestructuras porque, aseguró, que la sostenibilidad "es irrenunciable".

Además, agregó que para garantizar la eficacia de la implantación de la normativa se debe atender a la planificación urbanística, de ahí que subrayó que por ello "los ayuntamientos deben ser partícipes de la solución" y, en este sentido, expuso que el borrador recoge como principios rectores la consideración del alquiler vacacional como actividad clasificada.

Asimismo, señaló que el "núcleo de la decisión" de la aplicación del alquiler vacacional se producirá en ayuntamientos y cabildos porque son los que deberán definir la planificación. El borrador también recoge, según el consejero, que se hablará de alquiler vacacional cuando la vivienda se alquile más de dos veces al año; y permitirá el alquiler de habitaciones cuando el propietario viva en el inmueble.

Sobre las comunidades de propietarios admitió que la actuación por parte del Gobierno regional "es limitado", siendo la competencia de carácter nacional aunque afirmó que se abordará en el decreto pero con carácter "limitado". Además apuntó que exigirán a las plataformas del alquiler vacacional los números de registro de los inmuebles que oferten.

De todas formas, Castellano reconoció que se trata de un texto "vivo, que debe ser flexible", de ahí su intención de que el borrador se trabaje con ayuntamientos, cabildos, así como agentes económicos y sociales porque "es vital consensuarlo".

En relación a la importancia que tiene el alquiler vacacional en el sector turístico, el consejero del área apuntó que en Canarias este tipo de alojamiento se viene produciendo desde hace años cuando el porcentaje en las islas superaba el 10 por ciento.

Añadió que atendiendo a datos de 2016, el número de turistas alojados en alquiler vacacional en Canarias creció un 8,6 por ciento; mientras que el número de viviendas también aumentó en un 6,2 por ciento.

VOLUNTAD DE LOS PARTIDOS

En relación a este anuncio del borrador, los grupos mayoritariamente han mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo para que salga adelante el decreto. En este sentido, todos han coincidido en que el alquiler vacacional es diferente dependiendo del territorio.

Al respecto, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos Chinea, recordó que son los ciudadanos que "hasta ahora se han visto desorientados", quienes "quieren regularizar su situación porque son los más interesado".

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, reclamó un proyecto de Ley sobre el alquiler vacacional por "ser una actividad de alto impacto en la economía y en la convivencia con la vivienda residencial"; mientras que la diputada socialista Rosa Bella Cabrera consideró que "no" se puede correr "el riesgo de tener una norma que no responde" e incide en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos donde el cliente contrata sin intermediario, considerando el alquiler vacacional como un "complemento" a la oferta turística del archipiélago.

Si bien tanto la diputada María del Río de Podemos como Astrid Pérez del PP han reprochado la tardanza por parte del Gobierno canario para sacar este borrador y han criticado los recursos del Ejecutivo autonómico a la actual norma de alquiler vacacional.