Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno y diputado de Presidencia de la corporación provincial, Carlos Castillo, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los detalles del recurso presentado este jueves por la institución y que se suma a otras acciones judiciales de entidades y sindicatos contra el decreto.

Castillo ha detallado que la Diputación pide en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelar del decreto, que entró en vigor en febrero y que en ka práctica comenzará su aplicación a partir del próximo curso.

Ha argumentado que el decreto impulsado por la Conselleria de Educación resulta contrario a derecho y vulnera la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià "al obviar las zonas de exención" que expresamente incluye esa ley.

También omite, a su parecer, el deber de "evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico" por lo que "vulnera" los artículos 14 y 9.2 de la Constitución al "discriminar gravemente" a los alumnos escolarizados predominantemente en castellano -nivel básico- al impartir menos inglés y no acreditarlo frente a los que lo hacen mayoritariamente en valenciano.

Castillo ha aseverado que la Diputación de Alicante se siente "legitimada" para presentar el recurso para defender el interés general de la provincia.

((Habrá ampliación))