La Fiscalía Provincial de A Coruña ha presentado este lunes, en el Juzgado de Guardia del partido judicial, un escrito de denuncia instando a que se investigue, por presunto delito de prevaricación, la adjudicación por parte del gobierno local coruñés de la cesión del uso del antiguo edificio de la prisión provincial, según informa el Ministerio Público.

Lo hace tras concluir las diligencias de investigación que abrió el pasado mes de agosto, a raíz de una denuncia presentada por el PP después de la cesión del uso de la cárcel a la asociación Proxecto Cárcere, por resolución de 8 de septiembre de 2017 "dictada por la concejala de Participación del Ayuntamiento coruñés", señala la Fiscalía gallega.

Para el Ministerio Público, "las circunstancias investigadas configuran la base indiciaria que permite presentar a la instrucción judicial unos hechos de los que parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".

Por este motivo, el Ministerio Fiscal estima necesario "profundizar en la instrucción por la vía judicial ante la posibilidad de un delito de prevaricación".

DESCARTA OTROS DELITOS

Sin embargo, descarta "la existencia de indicios de los delitos contra la administración de justicia y de malversación que habían sido también objeto de la denuncia inicial", recuerda sobre el escrito presentado por los populares.

La cesión de la antigua prisión provincial se produjo después de que el año pasado el Ayuntamiento herculino abriese el proceso para ceder usos de espacios en esta instalación con el objetivo de desarrollar proyectos de dinamización cultural y sociocultural.

Este paso se dio después de que el Gobierno central cediese, a su vez, al Ayuntamiento coruñés durante dos años, prorrogables, el uso de la antigua cárcel.

Tras la adjudicación a 'Proxecto Cárcere' de la cesión de uso de espacios, el PP llevó el caso a la Fiscalía por presuntas irregularidades. Con anterioridad, en el Ayuntamiento, no se estimó el recurso de reposición que presentó solicitando la anulación de la adjudicación.