El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Ministerio de Fomento, considera "carente de fundamento" la reclamación promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, para solicitar una indemnización de unos 443 millones de euros por la supuesta vulneración de sus "derechos de reversión" de los suelos municipales cedidos para la configuración inicial de la red ferroviaria y liberados posteriormente con la reforma de la misma.

Recordemos que el pasado 27 de noviembre de 2015, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba un acuerdo destinado a reclamar a la compañía ferroviaria de viajeros Renfe, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Junta de Andalucía, una "reparación económica indemnizatoria" por los suelos municipales cedidos para la configuración de la red ferroviaria sevillana entre 1852 y 1885, y liberados después en el marco de la reforma y modernización de dicha red, acometida entre 1987 y 1992.

Según el Ayuntamiento, con motivo de la creación de la primera traza ferroviaria, entre 1852 y 1885, la ciudad cedió 359.990 metros cuadrados en los actuales entornos de Plaza de Armas, la Macarena, el Prado de San Sebastián, San Bernardo y Santa Justa, "a un precio simbólico, incluso de forma prácticamente gratuita", toda vez que "al haberse desafectado posteriormente para su uso lucrativo con objeto de la reforma de la red arterial ferroviaria (entre 1987 y 1992), hubiese podido ejercer su derecho de reversión sobre los mismos y obtener importantes aprovechamientos a la vista de su céntrica ubicación".

Entendiendo que a la ciudad corresponderían "el 71,24 por ciento de los suelos desafectados para su uso lucrativo durante la reforma de la red ferroviaria, frente al 15 por ciento acordado con el resto de las administraciones en el marco de la modernización de la red arterial ferroviaria de Sevilla, la ciudad ha reclamado una indemnización de unos 442 millones de euros.

En concreto, fue en 1990 cuando las administraciones, incluido el Ayuntamiento hispalense, firmaron un convenio sobre el "destino de los suelos con aprovechamiento lucrativo liberados como consecuencia de la remodelación de la red ferroviaria", siendo atribuidos el 60 por ciento de los suelos al Ministerio de Fomento, el 25 por ciento a la Junta de Andalucía y el 15 por ciento al Consistorio hispalense.

"los acuerdos firmados"

Pero frente a la actual demanda del Ayuntamiento, media al respecto una "nota informativa" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), según la cual esta reclamación "carece de fundamento y contraviene los acuerdos firmados por la Administración local". Según dicho documento, recogido por Europa Press, el mencionado convenio de 1990 contempla expresamente la "renuncia" del Ayuntamiento hispalense "a todo tipo de derechos que tuviese" sobre los suelos en cuestión.

"El contenido de esta cláusula implica la renuncia por parte del Ayuntamiento a cualesquiera derechos que le pudieran corresponder sobre las propiedades de Renfe, como consecuencia del complejo proceso histórico de la formación del patrimonio del ferrocarril", cita textualmente el documento respecto al mencionado convenio de 1990. Además, ADIF expone que "tras el desarrollo de las actuaciones acordadas", el "convenio de cierre" de las mismas, firmado por las administraciones en 2007, recoge directamente que "el Ayuntamiento de Sevilla y ADIF declararon que quedan satisfechos los compromisos pendientes de liquidar dimanantes de los convenios de 1990, 1992 y 1995 (...), sin que existiese nada que reclamar por los citados conceptos por ambas entidades".

"no ha lugar a ninguna reversión"

Pero además, ADIF avisa de que la propia Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía recoge que "la reversión al ayuntamiento cedente sólo es posible en el supuesto de que no se mantuviese ese destino durante 30 años", toda vez que "en este caso, los suelos se destinaron al uso ferroviario entre 105 y 138 años, hasta que tuvo lugar la reforma de la red ferroviaria, por lo que no habría lugar a ninguna reversión".

Por último, ADIF argumenta que la reclamación en cuestión se basa en el libro "Los suelos ferroviarios de Sevilla: saqueo de la ciudad", escrito por Antonio Martín García, quien en 2013 "requirió al Ayuntamiento que actuase contra ADIF", si bien entonces "se desestimó su requerimiento ante el carácter genérico e infundado de las afirmaciones".