Durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la fiscal del caso, Margarita Viera, ha argumentado que, en este caso, no concurre "un interés público y social" que justifique la intervención de las asociaciones de béticos como acusaciones particulares, pero ha rechazado su "expulsión" del procedimiento y ha pedido al tribunal que dichas asociaciones puedan ejercer únicamente la acusación popular.

Asimismo, la representante del Ministerio Público se ha opuesto a la cuestión previa planteada también por la defensa de Lopera para que se declare la nulidad del informe pericial que cuantificó en 29,5 millones el supuesto perjuicio económico causado al Betis, punto en el que ha defendido la "imparcialidad y objetividad" de los peritos encargados de dicho informe dada su condición de funcionarios públicos y también su "capacidad" e "idoneidad" para realizar dicha pericial contable.

"La alegación sobre la falta de imparcialidad obedecen más a las vicisitudes de su nombramiento que a su inidoneidad técnica", ha argumentado la fiscal, que durante su intervención ha reconocido las "irregularidades procesales" que han tenido lugar a lo largo de la instrucción de la causa por parte de la magistrada Mercedes Alaya, las cuales, eso sí, "no han provocado efectiva indefensión ni un perjuicio real y efectivo a la posibilidad de defensa".

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

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