La abogada Esther Sancho ha explicado en rueda de prensa este miércoles que se les imputa un delito contra los derechos individuales, de tortura, de prevaricación y de desórdenes públicos.

La querella ahora admitida por el Juzgado fue presentada por el colectivo de abogados en marzo de 2018 y ratificada en junio, cuando Manso todavía era subdelegada del Gobierno -fue relevada en julio por el socialista José Crespín-.

Según la asociación, tras la admisión comienza la instrucción con la práctica de las algunas diligencias, como la petición del juzgado de un informe policial e identificación de todos los agentes actuantes en los colegios de Lleida, Soses, Alcarràs, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Cervià de les Garrigues, Albagès, Montgai, Menàrguens y Ponts.

La entidad querellante asegura que el juzgado también solicitará las comunicaciones de ese día entre los cuerpos de la Policía Nacional, Guardia Civil y la sala de coordinación de la Subdelegación del Gobierno.