El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, —con la colaboración del presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y su director de Comunicación, Javier Castro-Villacañas— intentaba conseguir de La Caixa y del Banco Sabadell tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina, la única parte a la que se enfrenta la hermana del Rey en el Caso Nóos.

El auto del juez Santiago Pedraz que ha anunciado la sentencia de prisión incondicional y sin fianza para Pineda y Bernad, desgrana cómo fueron las negociaciones de los dirigentes de Ausbanc y del sindicato para intentar cobrar esa cantidad a cambio de retirar la acusación. "En la cronología de las llamadas se observa cómo Luis Pineda mantiene numerosas conversaciones con Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez y con Miguel Bernad, observándose en las mismas cómo Luis Pineda es el que marca las pautas" para conseguir "una importante contraprestación económica para todos", manifiesta el auto.

Todo empezó el pasado 29 de febrero, cuando Pineda llamó al director general de la Fundación La Caixa y le propuso "negociar la retirada de la acusación popular de Manos Limpias" en el caso Nóos. El presidente de Ausbanc ofreció que el pacto se realizase bajo las mismas líneas de actuación que en el caso contra el presidente de Unicaja en Sevilla, "pactando una declaración convenida que posteriormente puedan utilizar para justificar la retirada de la acusación".

Tras la declaración de la infanta el 3 de marzo ante la Audiencia de Palma, se intervino otra conversación entre Pineda y otro de los imputados, Castro-Villacañas, en la que comentaron la intervención de la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación en Nóos a la que la presidenta del tribunal tuvo que llamar la atención varias veces por sus "consideraciones innecesarias" en las cuestiones. "Se ha pasado", "luego tendrá que plegar velas y punto" fueron algunos de los comentarios remitidos en la conversaión telefónica en la que Pineda insta al director de Comunicación de Manos Limpias a "hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella, aparte de que su momento de gloria ya lo ha tenido".

Por otro lado, Pineda llamó el 14 de marzo al subdirector general de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell y le dijo que comunicara al abogado de la infanta, Miquel Roca (Secretario no Consejero de la entidad), que él era el "interlocutor idóneo" en el asunto relacionado con el archivo de la acusación contra la infanta. Unas horas después, el directivo del banco devolvió la llamada a Pineda y le dijo que le había comunicado a Roca el asunto y que el abogado le recibiría en Madrid un día después.

Sin embargo, en vez de acudir en el momento de la llamada a denunciar la coacción, "buscó informarse fehacientemente del alcance de los hechos, ganar tiempo y estar informado de sus intenciones reales".

Quince días más tarde, el 29 de marzo, el subdirector de Sabadell se personó ante la policía para denunciar que Pineda le había ofrecido dinero a cambio de que Manos Limpias retirase la acusación popular contra la infanta. El directivo comunicó a los agentes de una cantidad, dos millones de euros, que Bernad le había pedido seis meses antes para "ayudar económicamente" a la empresa, la cual se encontraba en una grave situación económica a cambio de interceder a favor de la hermana del rey.

Al día siguiente, el 30 de marzo, el mismo directivo acudió de nuevo a la policía en compañía de Roca, y este último manifestó, según el auto, "que no quería celebrar la entrevista por razones deontológicas pero que tenía cierta curiosidad por saber lo que Luis Pineda podía proponer". El letrado dijo que, en esa entrevista celebrada el 15 de marzo, Pineda le manifestó sus intenciones de retirar la acusación "pero que habían tenido muchos gastos procesales" y que estimaban que habían llegado hasta los 3 millones de euros, lo que Roca interpretó como el dinero que le pedían. Entonces, según el subdirector de la entidad, dio por concluida la reunión al no querer seguir hablando de ese tema.

Hay que recordar que Manos Limpias retiró en su día la acusación sobre el excontable del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, que al igual que la infanta se enfrentaba al sindicato como la única parte que dirigía acciones penales en su contra y reclamaba once años de cárcel.