Recordemos que ya allá por 2015, la Intervención General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado entonces por el socialista Antonio Gutiérrez Limones y actualmente por la también socialista Ana Isabel Jiménez, señalaba las "circunstancias" que rodean a la sociedad Innovar en Alcalá, porque según este documento recogido por Europa Press, "dicha sociedad no ha aprobado las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014" y de 2014 "no han llegado ni a someterse a la aprobación del consejo de administración".

Las de 2013, según el interventor, "reflejaban un ingreso de 657.387,85 euros, importe de las facturas de la sociedad pendientes de pago satisfechas por el ICO (...) en concepto de subvención de explotación incorporada al resultado del ejercicio" y "de no haberse efectuado, el resultado de 2013 hubiese sido de unas pérdidas de 763.929,72 euros", desencadenando la obligatoria "disolución de la sociedad".

También señalaba el interventor "la deuda que mantiene la sociedad Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L. con el Ayuntamiento de Alcalá", pues el Consistorio "pagó facturas de la expresada sociedad por un importe total de 657.387,85 euros, cantidad que dicha sociedad adeuda al Ayuntamiento".

SALIR DEL PRECONCURSO

Ahora, con la empresa en situación de pre concurso de acreedores desde hace meses y los periodistas del gabinete de comunicación, los locutores de Radio Guadaíra y el personal del Auditorio Riberas del Guadaíra temiendo por sus puestos de empleo, pues los mismos dependen de Innovar en Alcalá, el Gobierno local socialista promueve un "plan de viabilidad y reestructuración" de la sociedad municipal, para "salir de la situación de preconcurso que se declaró el pasado mes de julio ante las pérdidas acumuladas por la empresa municipal en los pasados ejercicios de 2013, 2014 y 2015".

El plan, según el Gobierno local del PSOE, se basa en una modificación de los estatutos de la sociedad para adecuar su actividad a la gestión del Auditorio Riberas del Guadaíra, Radio Guadaíra y el servicio de Comunicación Institucional. Mientras, la entidad dejaría de gestionar servicios de desarrollo local, innovación y promoción empresarial que actualmente presta y que asumiría de forma directa el propio Ayuntamiento alcalareño.

En caso de no prosperar el plan, según el gobierno local, "la situación de concurso a la que se abocaría la sociedad llevaría aparejados expedientes de regulación de empleo".

El conjunto de los trabajadores de Innovar, de otro lado, manifestaba recientemente que lleva "casi dos años cobrando las nóminas con retraso y con salarios y condiciones por debajo del resto de empleados públicos". "La alcaldesa obliga a aceptar un acuerdo de despido o de lo contrario, permanecer en una empresa pública en disolución que en pocas semanas podría depender de un administrador concursal", denunciaban.