El juez de instrucción número 18 de Valencia ha dirigido un escrito al Senado en el que pide que acredite la condición de senadora de Rita Barberá para determinar si es competente para investigarla.

En un escrito dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, el juez busca así acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.

La Mesa del Senado, que se reúne este mediodía, estudiará la petición del juez, han confirmado fuentes de la Cámara Alta.

En su petición, el magistrado solicita a la Mesa del Senado que "a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado" remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura" de Rita Barberá.

El Senado va a reenviar al Tribunal Supremo el escrito que ha recibido del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada.

El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que "no corresponde al Senado contestar" al juzgado valenciano, sino que es el Supremo el encargado de ese trámite. El alto tribunal cuenta con la lista actualizada de diputados y senadores puesto que le corresponde a él llevar cualquier causa en la que estos estén implicados.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal". Barberá añadía que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, "no se han puesto en duda".

El nombre de Rita Barberá salió a relucir desde el primer momento en el que se destapó públicamente la Operación Taula, a finales del pasado mes de enero, un caso relacionado inicialmente con presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia; y posteriormente con un presunto delito de blanqueo del PP, por el que han acabado investigadas --imputadas antes de la reforma de la LeCrim-- 49 personas entre concejales, exediles, asesores y exasesores del PP valenciano . El juzgado investiga ambas piezas por separado.

Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan --de forma indiciaria-- que tanto Barberá como el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante Gerardo Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando y que principalmente estaba orquestado por el exvicepresidente de la Diputación y exgerente de Ciegsa -empresa pública de la Generalitat-- Máximo Caturla, han informado fuentes conocedoras del procedimiento.

Sin embargo, ninguna de estas tres personas --ni Barberá, ni Francisco Camps ni Gerardo Camps-- han sido detenidas o citadas a declarar en calidad de investigadas en el juzgado por este asunto, puesto que la ley no lo permite. Al tener los tres la condición de aforados, el juzgado de Valencia que lleva el procedimiento, cuando tenga suficientes indicios, debería remitir la causa a un órgano superior, en esta ocasión el Tribunal Supremo, puesto que la exprimera edil es senadora.

Los investigadores estaban esperando a que terminen de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP --los interrogatorios concluyeron este lunes-- para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.

Tras estudiarlo, será el fiscal el que tenga que elevar un informe a la titular del juzgado valenciano pidiendo que el procedimiento se remita al Tribunal Supremo al hallar indicios de delito contra personas aforadas. Este paso todavía no se ha producido, aunque sí podría registrarse en los próximos meses, han confirmado fuentes conocedoras del caso.