No soporta los cánticos de una congregación religiosa

Tendrían que cambiar mucho las cosas para que Santiago B. A., vecino del barrio de Monteolivete, desista en colgar en el balcón de su casa el cartel de «Se vende piso». Confiesa que ha tomado esta decisión extrema, «a pesar mío y de mi esposa», porque en el patio de al lado de su vivienda, justo en el bajo de la calle Villahermosa, número 12, hay un centro de culto protestante, denominado Iglesia Cristiana Redimida de Dios. Sus actos litúrgicos , «que se prolongan durante varias horas», con cánticos e instrumental musical de percusión, provocan «un ruido que no podemos soportar», se lamenta Santiago.

Los fines de semana, cuando mayor concentración de fieles acude al templo, «es un auténtico infierno», enfatiza. Reconoce que ya no alberga esperanzas para que se solucione el problema. Ha presentado Santiago «hasta cinco denuncias en el Ayuntamiento» y otras dos, a través de la comunidad de vecinos, al Consistorio y a la Delegación del Gobierno. No ha obtenido ninguna respuesta escrita. Lo más que le han dado han sido «excusas» por teléfono («el asunto está en trámites») o se ha inhibido un departamento para echarle las culpas a otro, escudándose en un laberíntico «marco de competencias».

Tras las elecciones del 27-M hay ahora en el Ayuntamiento de Valencia una nueva concejalía, de Contaminación Acústica, bajo las órdenes de Lourdes Bernal. Allí, como si el problema que nos ocupa no tuviera un abultado historial administrativo, toman nota de la queja,  sin saber qué responder sobre qué actuaciones hay previstas para estos casos en la ordenanza municipal sobre ruidos en ciernes. Una funcionaria se excusa en «el cambio del titular del departamento», antes bajo la responsabilidad del edil Ramón Isidro Sanchis, para dejar este asunto «pendiente» de lo que diga la nueva concejala, Lourdes Bernal.

En la Junta Municipal de Ruzafa, donde se han presentado la mayoría de las denuncias del caso, la responsable de tramitar la documentación (Paula) intenta también empezar de cero. Toma nota de los datos «para transmitirlos al concejal responsable», dice, sin inmutarse lo más mínimo cuando se le advierte de que el número de expediente (02303/2005/2357) demuestra que la denuncia de Santiago tiene más de dos años de antigüedad.

Las gestiones en la Delegación del Gobierno han resultado igualmente infructuosas. Para cualquier reclamación, obligan que sean los afectados, «sin intermediarios», quienes soliciten información, y «en persona», indica un funcionario de guardia.