Un total de 7.140 detenidos por delitos de corrupción en España entre 2012 y 2015. Ese es el balance de la lucha de las fuerzas de seguridad contra la corrupción de la X Legislatura y el Crimen Organizado en España en 2015, que ha sido presentado este jueves por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Del total de arrestados, 2.442 lo fueron en 2015.

En cuanto al balance del crimen organizado en esos cuatro años, el ministro ha cifrado en más de 69.000 las personas investigadas y en más de 25.000 las detenidas. Díaz también se ha referido al fraude detectado por las fuerzas de seguridad, pero sólo en 2015, y ha indicado que el pasado año se investigaron 6.488 empresas, de las que 2.057 fueron propuestas para infracción, se detectaron 847 empresas ficticias y se constató un fraude de 79,5 millones de euros.

Respecto a la corrupción, el titular de Interior ha recordado que no existe un delito tipificado como tal, pero sí los relacionados con ella, y ha insistido en que desde 2010 su combate es una prioridad de la Policía y la Guardia Civil, que actúan de forma contundente sin atender al color político del investigado. Si en España tenemos un problema de corrupción, lo que "nadie puede poner en duda", ha subrayado, es que "no hay un problema de desigualdad ante la ley" de los investigados.

Tras recordar que el punto de inflexión en la lucha contra la corrupción fue el "caso Malaya", Fernández Díaz ha resaltado el incremento lineal en el número de detenidos, sólo roto en 2014 cuando la cifra se disparó a 2.743.

Según los datos de Interior, coordinados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), en 2010 se conocieron 366 hechos delictivos, frente a los 1.108 del año pasado. Además, el número de detenidos creció de los 398 del primer ejercicio analizado a los 2.442 de 2015.

Aunque hay unas 40 tipologías delictivas relacionadas con la corrupción, de las operaciones desarrolladas en la legislatura un 16,3% son delitos contra la Seguridad Social, un 12,5 % de cohecho, un 2,6 % de tráfico de influencias, un 8,1 % contra la Hacienda Pública, un 9,8 % de prevaricación administrativa, un 8,2 % de malversación y un 4,6 % delitos societarios.