El proceso ha quedado abierto este martes tras ser publicado en el Boletín Oficial de Aragón. Salvo ha comparecido en comisión en las Cortes autonómicas, a petición de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para exponer las razones este procedimiento público de contratación, ha informado el Parlamento aragonés en una nota de prensa.

Este servicio lo hacían, hasta ahora, los colegios de abogados y se seguirá prestando con "total normalidad, calidad y garantías"

después del proceso abierto, ha subrayado Salvo.

La directora del IAM ha manifestado que el Ejecutivo tiene "voluntad para seguir prestándolo con colegios de abogados" y "se les ha instado a que se presenten porque no hay ningún marco legal que les excluya, pero se han negado".

A su entender, era "difícilmente justificable" seguir manteniendo la adjudicación directa a estos colegios profesionales "tras la entrada en vigor de directivas europeas que endurecen notablemente las exigencias de publicidad y concurrencia".

"No concurre ninguna circunstancia que lo permita", ha añadido, para señalar que "se puede debatir sobre cuestiones de marco legal, pero no se pueden infundir dudas o inseguridad en las mujeres" porque "el servicio se seguirá prestando con la misma calidad y garantías con las que se venía haciendo".

MEJOR SERVICIO

La diputada del PP, Ana Marín, ha preguntado si "va a mejorar en algo la situación de las mujeres víctimas de violencia de género después de esta licitación", para sostener que "lo que de verdad nos importa es la calidad del servicio" y ha pedido "respetar el trabajo que prestan los abogados desde hace más de veinte años".

La diputada del PSOE Pilimar Zamora ha recalcado que "en todo momento ha estado y está garantizado el asesoramiento jurídico", para considerar que "se ha generado cierta confusión, no sé si intencionada" en las mujeres cuando "el servicio ya estaba externalizado".

La diputada de Podemos, Violeta Barba, ha criticado la actuación el Ejecutivo ya que "en el lugar donde reside la soberanía popular es donde tendría que producirse el debate y no en los despachos de los interventores" y ha "dudado de la valentía" de Salvo por "acabar con un servicio brillante durante veinte años".

La parlamentaria del PAR Elena Allué ha opinado que "es un paso atrás en todos los logros de los últimos años conseguidos por muchas abogadas que lucharon" y ha pedido "sentarse con Intervención y pelear" porque "si decimos que sí a todo lo que dicen los técnicos, no sé para qué estamos aquí".

El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha manifestado que "es una decisión lamentable que no nos gusta y que espero que recapacite" y ha remarcado que "la labor del Colegio de Abogados durante veinticinco años ha sido excepcional".

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto, ha calificado de "poco elegante" la intervención de Salvo y "me niego por principios a que el Colegio de Abogados esté al mismo nivel que una empresa".

EMPLEO JUVENIL

Por otra parte, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes ha rechazado una moción del PP que reclamaba, entre otras cuestiones, promover políticas desde el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) "que contribuyan a crear empleo" dirigido este sector poblacional.

En opinión de la diputada 'popular' Ana Marín, son precisas "medidas para paliar la sangría" en este colectivo, mientras que la diputada del PSOE Pilimar Zamora ha apuntado que "se reclama un papel al IAJ que el PP negó durante la anterior legislatura" y que "no le corresponde", argumentos en los que han coincidido Podemos y Grupo Mixto.

Por su parte, PAR y Ciudadanos han apoyado la propuesta. Para la diputada Elena Allué el argumento del bloque de apoyo al Ejecutivo "es una excusa" y el diputado de C's Ramiro Domínguez ha señalado que "se necesitan políticas eficaces, medibles y flexibles".