El Área Pública de CC.OO. Aragón ha pedido que la Mesa General de Negociación de la Comunidad autónoma se reúna "urgentemente" para aclarar los términos de aplicación de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y se determinen los puestos de trabajo que se verían afectados por esta norma.

En una nota de prensa, CC.OO. ha recordado que la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece como requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores. Tal circunstancia debe ser acreditada por los trabajadores aportando un certificado de antecedentes penales específico para tales delitos.

En Aragón son muchos los empleados públicos que trabajan directamente con menores como profesores, educadores, personal de guarderías, pero existen también muchos otros ámbitos que podrían verse afectados por esta norma como personal de enfermería, asistentes sociales, médicos. Por ello, la organización sindical pide, en primer lugar, determinar cuáles serían los puestos de trabajo afectados.

En segundo lugar, considera que deben también fijarse los términos y condiciones en los que se aplica la Ley y la forma de acreditación de los trabajadores de no haber sido condenados por delitos contra la libertad sexual.

A este respecto, CC.OO. ya señaló recientemente que la Administración de Justicia todavía no ha desarrollado el dispositivo técnico que permita la expedición de estos certificados, lo que está obligando a utilizar el certificado de antecedentes penales genérico y completo.

Para el sindicato esta circunstancia supone "una grave vulneración del derecho a la intimidad de las personas que se ven obligadas a comunicar a su empleador otras situaciones que, sin relación con delitos sexuales, exceden con mucho lo exigido en la norma. Además, de la correspondiente inseguridad para la persona trabajadora respecto a la custodia de datos de carácter personal especialmente sensibles".

Con el fin de aclarar y negociar todas las cuestiones en las que dicha norma afecta a los empleados públicos de la Comunidad y evitar que comiencen a surgir normas diversas y contradicciones entre diversos Departamentos que no hayan sido previamente acordadas, CC.OO. ha solicitado la reunión urgente de la Mesa General donde están representados todos los ámbitos afectados: sanidad, enseñanza, administración general y administración de justicia.