Los hechos ocurrieron el pasado día 27, cuando se produjo una concentración ante el Ayuntamiento de Fortuna, aprovechando la celebración del pleno.

La convocatoria para la concentración fue promovida por redes sociales y tenía la finalidad de protestar contra el comportamiento de las familias de etnia gitana que habían ocupado varias viviendas de la localidad.

Los participantes en la concentración se desplazaron desde el edificio municipal hasta la zona de los dúplex ocupados, donde se había dispuesto un cordón policial, compuesto por una decena de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, para evitar alteraciones.

Al llegar las personas concentradas comenzaron los incidentes, consistentes en lanzamientos de piedras hacia las viviendas y un vehículo estacionado que sufrió daños, así como agresiones hacia dos personas.

Los agentes del cordón policial tuvieron que emplearse a fondo para evitar que se elevara la gravedad de los altercados. Durante esta actuación, dos agentes resultaron heridos leves por el lanzamiento de piedras.

En días posteriores se produjeron nuevas concentraciones alentadas por las redes sociales, hasta que finalmente las familias de etnia gitana abandonaron los inmuebles ocupados.

La investigación abierta por la Guardia Civil para esclarecer los hechos ha permitido identificar a 14 vecinos de la localidad que presuntamente tomaron parte de forma más activa en los incidentes de orden público, por lo que, tras ser localizados, han sido detenidos como presuntos autores de delito de desórdenes públicos.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cieza. La investigación continúa abierta para esclarecer la autoría de la ocupación ilícita de las viviendas por los supuestos delitos de usurpación de bienes inmuebles, defraudación de fluido eléctrico y estafa, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.

El Código Penal establece que quienes, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.