La Comisión Europea (CE) ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa de 105.991,60 euros diarios a España por no haber introducido a tiempo en la legislación nacional la directiva europea sobre contratos de crédito hipotecario, confirmó este lunes la corte.

El Ejecutivo comunitario decidió el pasado abril llevar a España ante el tribunal europeo tras constatar que el país aún no ha traspuesto esta norma y que el Gobierno no ha comunicado las medidas que piensa tomar para ello, pese a haberle advertido en varias ocasiones de que debía hacerlo.

En un recurso presentado contra España el 27 de septiembre, la Comisión pide a la corte que le imponga una sanción "coercitiva diaria" de 105.991,60 euros a partir del día en que se emita la sentencia que confirme este incumplimiento y que España pague las costas del proceso.

Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, que fue aprobada en 2014, y la Comisión había advertido por primera vez en 2015 y después en mayo y noviembre de 2016 a España de que debía introducirla en su legislación nacional.

En abril, el Gobierno achacó el retraso en la trasposición de la directiva a que durante todo 2016 el Ejecutivo estuvo en funciones y no pudo avanzar en esa materia. Fuentes del Ministerio de Economía recordaron este lunes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que traspone la directiva sobre créditos hipotecarios.

El Gobierno confía en que la ley hipotecaria, que aprobó el Consejo de Ministros a principios de este mes y que cuenta "con un amplio consenso político", sea validada "cuanto antes" y, por tanto, se evite cualquier sanción por parte de la Unión Europea. Desde la corte comunitaria recuerdan que pueden transcurrir varios meses, incluso un año, desde que se presenta un recurso hasta que se celebra la vista del caso.

Según han informado fuentes del Ministerio de Economía, tras su visto bueno por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de crédito inmobiliario se envió ya al Congreso y se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria. Se trata de una norma cuyo objetivo es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia.