Las empresas que trabajen para la Administración pública tendrán que asumir cláusulas sociales para velar por la ocupación de calidad. Para ello, el Govern ha anunciado que creará una comisión de trabajo para incorporar cláusulas sociales a la contratación de la Comunidd Autónoma, en respuesta a la petición de los sindicatos.

Así lo han señalado el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, que este lunes se han reunido con los representantes de CCOO y UGT, quienes han solicitado la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública a la hora de licitar obras y servicios para la Administración autonómica.

Negueruela y Cladera han manifestado el compromiso del Govern para acelerar la incorporación de criterios sociales a la hora de determinar la adjudicación de todos los contratos públicos. Por eso, ambos consellers crearán, de forma inminente, una comisión de trabajo para incorporar las cláusulas sociales a la contratación pública.

De este modo y resultado del diálogo social, ambas consellerias ponen en marcha uno de los compromisos recogidos en los 'Acords pel Canvi', con el objetivo de recuperar derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de la ocupación a través del cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales en materia laboral en todo aquello relacionado con la licitación pública del Gobierno.

VALORACIONES

En este sentido, Negueruela ha puesto en valor el compromiso logrado con los sindicatos puesto que, según ha dicho, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy en 2012 permite que los convenios colectivos de empresa establezcan condiciones laborales y salariales "inferiores" en las negociadas en el marco de los convenios sectoriales y territoriales.

Motivo por el cual, Negueruela ha valorado muy positivamente el acuerdo entre las partes para tener una Administración "más social que garantice unas condiciones de trabajo dignos".

En la misma línea, la consellera Cladera ha resaltado que "no sólo se tiene que lograr una administración eficaz, sino también una administración más social". Con todo, ha apuntado que ello no implica ni más costes ni menos eficiencia, "sino más sensibilidad y respeto hacia las condiciones de los trabajadores".

La consellera también ha recalcado que el acuerdo logrado representa un gran adelanto en materia social, y se da respuesta a una demanda largamente reivindicada por los representantes sindicales.

La aplicación de cláusulas sociales a la contratación pública tutelada por la CAIB supone, a la vez, una mayor integración de valores como la igualdad, la ética y la equidad en el ámbito de la Administración autonómica. Unos principios, ha añadido, "en consonancia a la forma de hacer de este Govern y que se identifican con las necesidades y demandas sociales".

Volumen de contratos

Según los datos aportados, durante el año 2014 la central de Contratación ha recogido que las consellerias del Govern, el IBSalut y otros órganos celebraron 4.040 contratos, la mayoría de los cuales fueron menores.

Sólo en los sectores de la limpieza de instalaciones y de seguridad y control de accesos, la CAIB contrató empresas con una plantilla global de más de 500 trabajadores.