Puente considera "irrevocable" la decisión de acudir al juzgado y culpa de ello a la estrategia "suicida" del PP

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "irrevocable" la decisión de llevar al juzgado la 'comfort letter' firmada por su predecesor, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, como aval del préstamo para la operación del soterramiento del ferrocarril y ha responsabilizado de ello al actual Grupo Municipal del PP por su estrategia "suicida" por tratar de 'dinamitar' las negociaciones del regidor socialista con los bancos para la refinanciación de la deuda.
Puente (dcha), junto a Antonio Gato, concejal de Hacienda.
Puente (dcha), junto a Antonio Gato, concejal de Hacienda.
EUROPA PRESS
Puente (dcha), junto a Antonio Gato, concejal de Hacienda.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "irrevocable" la decisión de llevar al juzgado la 'comfort letter' firmada por su predecesor, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, como aval del préstamo para la operación del soterramiento del ferrocarril y ha responsabilizado de ello al actual Grupo Municipal del PP por su estrategia "suicida" por tratar de 'dinamitar' las negociaciones del regidor socialista con los bancos para la refinanciación de la deuda.

"¡Estoy muy fastidiado y cabreado!", con ambos términos ha resumido Puente, en su comparecencia ante los medios, su estado de ánimo tras anunciar que el equipo de gobierno municipal trasladará este mismo miércoles a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la presentación de una denuncia ante el juzgado de instrucción con el fin de depurar responsabilidades penales por la carta de conformidad firmada por León de la Riva y que coloca al Ayuntamiento como avalista del crédito de 101 millones solicitado a los bancos, de un total de 404 de coste total de la operación del soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

El regidor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reiterado que la decisión de acudir a la justicia ordinaria ha sido por recomendación de los Servicios Jurídicos municipales a fin de reformar la posición del Consistorio en la doble vía emprendida, la administrativa, para lograr la nulidad de dicha 'comfort letter', y la judicial, ante la posible existencia de un ilícito penal.

Pero además, Puente asegura que esta última vía podría haberse evitado si el grupo presidido por José Antonio Martínez Bermejo, al que ha calificado de "bombero pirómano", no hubiera elegido una estrategia "suicida e irresponsable", en referencia a las críticas de los 'populares' respecto del reciente acuerdo de novación del polémico crédito suscrito por el alcalde y los bancos y que dejan un margen de seis meses a la institución local para renegociar el préstamo.

"Si yo tuviera tranquilidad y pudiera negociar hasta octubre con una oposición mínimamente leal, en lugar de tener en frente a los bancos y en otro al PP, podría haberme pensado qué hacer, pero no me han dejado otra alternativa porque me han dejado vendido", ha insistido el primer edil, quien ha reprochado a los 'populares' colocarle en una situación de debilidad ante las entidades bancarias por poner en tela de juicio la legalidad de la novación e incluso compararla con la polémica 'comfort letter'.

Por ello, Puente, en el supuesto de obtener el visto bueno de la Junta de Gobierno, presentará en el juzgado de instrucción una denuncia—compuesta por un relato de hechos—al objeto de que el juez sea el encargado de determinar las posibles responsabilidades penales.

"el asunto no pinta bien"

Aunque ha declinado particularizar la responsabilidad por la firma de esa carta de conformidad, "que no existía en el Ayuntamiento y que fue descubierta en una reunión del Consejo de Valladolid Alta Velocidad", el alcalde apunta que "el asunto no pinta bien", toda vez que el documento carece de informes de Intervención, la Secretaría General y la Asesoría Jurídica y, además, no ha pasado ni por la Junta de Gobierno ni por el Pleno.

Por ello, si bien está claro que quién la firma es el exalcalde, el actual regidor apostilla que el juez habrá de analizar "qué personas formaban parte del Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad, qué personas tenían unas competencias económicas en el Ayuntamiento y debían velar por la adecuada toma de decisiones...pues se sabe cómo empieza esto pero no cómo acaba".

A lo largo de su intervención, el político socialista ha insistido en su pesar por tener que acudir a la vía penal, si bien ha repetido hasta la saciedad que, por encima de su relación con el anterior alcalde, "está la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y no se trata de 4 sino de 101 millones de euros", al tiempo que ha confesado haber hablado del asunto con Javier León de la Riva, "quien se encuentra muy preocupado, lógicamente".

"Lo siento enormemente, no saben hasta qué extremo, que este asunto pueda perjudicar a Javier León, que está ya fuera de la política, y lo digo de corazón, pero no me mueve el interés público. ¡A partir de ahora, sin escrúpulos. Hasta aquí hemos llegado!", ha concluido el socialista, quien atribuye la elección de la vía penal finalmente elegida a la actitud desleal del Grupo Municipal del PP.

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