El recurso de apelación del PSCyL se produce después de que el juez de Instrucción número 2, César Gil Margareto, rechazara la pretensión de los socialistas bajo la argumentación de que "la diligencia interesada excede de lo que puede ser investigación de relaciones entre los investigados y apuntan a unos hechos que pueden ser investigados pero no en las presentes actuaciones ni a estas alturas de la mismas".

En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, los socialistas establecen una vinculación entre el aquiler y posterior compra del edificio de Arroyo, propiedad de Urban Proyecta PM3 S.L, a cargo de Gesturcal-sociedad adscrita a la Consejería de Economía y Empleo-el 19 de julio de 2016 y el contrato de arrendamiento, el 12 de diciembre de 2006, entre la sociedad belga CO-Louis-había sido adquirida por Urban Proyecta-y la Fundación ADEuropa, presidida por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para ubicar las oficinas de dicha fundación en Bruselas.

Los socialistas ponen el acento en que, curiosamente, el arrendamiento de la sede de Bruselas para ubicar en ella la Delegación Permanente de Castilla y León se firmó un día después del convenio de colaboración entre la Junta y CO-Louis para tal fin, lo que induce a pensar, en opinión de los recurrentes, que existían "relaciones previas" entre las partes, así como en el hecho de que las entidades y los sujetos que intervienen en la operación son los mismos protagonistas del alquiler y posterior compra del edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo diez años más tarde.

SALIDA SOSPECHOSA DE DIVISAS A BÉLGICA

En ese contexto, los socialistas, basados en documentación aportada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), sostienen también que el 21 de agosto de 2006 Urban Proyecta PM3, promotora de 'La Perla', realizó una "salida invisible" de 2.113.000 euros a Bélgica, es decir, de dinero que no aparecía recogido en los apuntes contables de la empresa y que, por tanto, no correspondía a la prestación de un bien o servicio.

Esa salida de divisas se produjo unos meses antes de que la sociedad instrumental belga CO-Louis comenzara a arrendar a la Fundación ADEuropa el inmueble de su propiedad sito en el Bulevar Louis Schmidt de Bruselas, "operación dudosa" que, a juicio del PSCyL, estaría relacionada con el posterior contrato de arrendamiento.

"En todo caso, en los hechos que referimos en nuestro escrito intervienen sujetos a los que aún no se ha tomado declaración judicial, a pesar de tener la condición de investigados-su interrogatorio se suspendió por providencia de fecha 11 de noviembre de 2016-. Entendemos imprescindible, para demostrar la relevancia que tienen los hechos referidos, los documentos aportados y las diligencias propuestas, la declaración de representantes legales de la empresa Urban Proyecta PM3, S.L, al tiempo de suceder los hechos ahora investigados", concluye el PSCyL en su recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial.

El caso que investiga el Juzgado de Instrucción 2 tiene previsto interrogar el próximo día 15 de mayo, en calidad de testigo, a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por el sistema de videoconferencia desde su despacho, de forma que el magistrado y las distintas partes la interpelarán desde una sala del Edificio de los Juzgados, en la calle Angustias.

La consejera anunció que declararía desde su despacho por considerar esta opción como las más beneficiosa para ella y para la propia Comunidad Autónoma a la que representa como miembro del Gobierno y como representante de los ciudadanos, al tiempo que ya anticipó que poco podrá aclarar tras advertir de que los asuntos bajo investigación no eran de su competencia.

El testimonio de Del Olmo se sumará así a la veintena de interrogatorios, unos como investigados y otros como testigos, iniciados en 2016 para aclarar, entre otros aspectos, distintas tasaciones, hasta nueve, sobre el valor del edificio ADE-la Junta pagó finalmente cerca de 70 millones de euros-y un supuesto delito de malversación en el que podrían estar implicados altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios, así como las operaciones realizadas para la adquisición de un fallido polígono industrial en Portillo por el que la Administración regional desembolsó 35 millones de euros.