Las actuaciones policiales comenzaron en octubre del año pasado, a partir de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza en el que se daba cuenta de las actuaciones irregulares detectadas en una empresa afincada en la ciudad, dedicada a la actividad de "intermediación del comercio de productos diversos y explotación de todo tipo de establecimientos de hostelería". Con esta compañía "ficticia" se lograba obtener irregularmente subvenciones públicas o permisos de trabajo.

Tras cuatro meses de investigaciones, las agentes determinaron que dicha empresa había sido creada en 2015 por dos ciudadanos españoles que habían coincidido trabajando en otra empresa y que no tenía actividad real, sino que servía para "partir o trocear" facturas con la intención de declarar conceptos inferiores en concepto de IVA a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tal y como reconoció uno de sus socios.

El modus operandi utilizado para ello consistía en dar de alta en el sistema de la Seguridad Social como trabajadores de la empresa a diferentes personas sin que éstas llegaran nunca a realizar trabajo alguno, todo ello con la finalidad de que los supuestos trabajadores perfeccionaran periodos de carencia para que luego obtuvieran, de forma irregular, prestaciones y/o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal u otros tipos de prestaciones que la afiliación a la Seguridad Social lleva inherentes.

En otras ocasiones, la supuesta relación empresarial se utilizaba para la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros que carecían de permisos y/o autorizaciones de residencia, así como para la renovación de las mismas.

Hasta seis trabajadores estuvieron de alta en esta empresa, dos de los cuales eran extranjeros extracomunitarios, con contratos de corta duración, ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Aragón en una nota de prensa.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Uno de estos supuestos trabajadores, tras el breve periodo de alta en la empresa, consiguió cotizar los tres meses que le restaban para acceder a una prestación por desempleo para mayores de 52 años, por un importe total cercano a los 25.000 euros, de los que, en el momento de las actuaciones, ya había cobrado 1.377 euros.

Los dos supuestos trabajadores extranjeros, de nacionalidad pakistaní, gracias a esta contratación fraudulenta y posterior alta en la Seguridad Social accedieron a su regularización en España obteniendo una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, para la que contar con un contrato de trabajo es un requisito ineludible.

Además, se pudo averiguar que se habían solicitado otras dos solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales amparados en contratos fraudulentos con esta empresa, que fueron paralizadas y denegadas por la Oficina Única de Extranjeros de Zaragoza. Uno de los trabajadores solicitó y accedió a prestaciones por desempleo del Servicio Público Estatal por valor de 24.679 euros.

FRAUDE POR 37.781 EUROS

La deuda de la empresa con la Seguridad Social asciende a 13.102 euros por cuotas no satisfechas y actas por infracción, lo que sumado a los más de 24.000 euros en concepto de prestaciones por desempleo, arrojan un fraude total detectado cercano a los 37.781 euros.

Se ha detenido a cuatro personas en Zaragoza, a quienes se imputan delitos de falsedad documental y/o contra la Seguridad Social, entre ellos dos extranjeros y dos españoles, uno de los cuales es el socio y administrador único de la empresa.

Asimismo, se han iniciado los trámites para la sanción y devolución de las cantidades indebidamente percibidas en concepto de prestaciones por desempleo, así como la extinción de los permisos de residencia obtenidos y las incoaciones de los expedientes de expulsión en el caso de los extranjeros extracomunitarios.

Las investigaciones, que continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en colaboración con la Tesorería Provincial de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal de Zaragoza y la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en la capital aragonesa.