Así lo ha indicado la Administración autonómica en una nota en la que ha señalado que la labor conjunta de ambos cuerpos permitió el desarrollo en la provincia a lo largo del pasado año de casi 750 acciones de vigilancia y control de las condiciones de seguridad en las empresas.

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, ha explicado que "los técnicos habilitados de la Junta, un equipo compuesto por tres funcionarios del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, tienen como objetivo en estas visitas verificar las condiciones materiales de seguridad y salud laboral, asegurando de esta manera el cumplimiento de la normativa".

"En caso de detectar alguna deficiencia, lo ponen en conocimiento del empresario para que proceda a subsanarlo y, en caso contrario, informan a la Inspección de Trabajo", ha afirmado Carmona, quien ha añadido que en la provincia se ha actuado en actividades de especial relevancia tanto por su volumen y proyección exterior como por sus tasas de siniestralidad laboral, incidiendo en el comercio al por menor en establecimientos no especializados; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; y fabricación de material de transporte.

Asimismo, el responsable territorial ha informado que, además, se han desarrollado cinco campañas específicas en empresas con riesgo de exposición laboral a amianto; empresas del sector de los compactos de cuarzo; comprobación en máquinas y equipos de trabajo pertenecientes a empresas de los sectores alimentario y agroalimentario; empresas del sector del comercio al por mayor y grandes superficies, en cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo y ergonomía; y empresas que presenten declaración de enfermedad profesional.

El delegado ha insistido en la necesidad de sensibilizar al tejido productivo cordobés de que "invertir en prevención y en seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una inversión", y ha recordado que la Junta ha aprobado una nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, que supone un "marco de planificación ambicioso de la política en materia de seguridad y salud en el trabajo y control de la siniestralidad laboral".

La estrategia cuenta con un respaldo presupuestario de 59 millones de euros, y en su desarrollo establece un marco de planificación con cuatro objetivos, 13 ejes y 57 líneas de actuación.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ultima en estos momentos el primer Plan de Actuación que se deriva de esta Estrategia, y que va a contener acciones que vienen a romper dinámicas de actuación poco eficaces en nuestras empresas, apostando por la promoción y el fomento de la inversión en prevención de riesgos laborales, con una atención especial a la realidad de la pyme.