Desde el PP han señalado en un comunicado que el actual delegado territorial de Medio Ambiente, que ha prestado declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), ha admitido ante el juez que "no incoó ningún expediente por este asunto hasta agosto de 2016", fecha en la que tiene conocimiento "por casualidad" de la existencia de vertidos supuestamente incontrolados en esta zona del municipio nerjeño.

Los 'populares' han indicado que, salvo tres expedientes a los que en su momento se presentaron alegaciones y otro abierto en 2008 que la propia delegación dejó prescribir, la Junta "no tramitó ningún otro expediente ni adoptó ninguna medida cautelar dirigida al Ayuntamiento hasta después de que el PP dejara la Alcaldía de Nerja y estando ya en el equipo de gobierno el tripartito encabezado por el PSOE".

Así, han apuntado que según el testimonio de Moreno, a pesar de que accede al cargo de delegado en febrero de 2015, no es hasta agosto de 2016 cuando tiene conocimiento de la existencia de estos vertidos y de manera 'casual' cuando el propio Ayuntamiento hace una consulta sobre otro vertedero en su término municipal. Es decir, "que no tiene constancia de la cantera de Nerja hasta un año y medio después de acceder al cargo".

En ese momento, además, cuando se interesa por la tramitación al respecto, "admite que no se había incoado ningún expediente sobre este asunto y es en ese momento cuando se le da traslado tanto al Ayuntamiento nerjeño como a los empresarios afectados de la necesidad de dar una solución a estos vertidos", han manifestado en el comunicado.

En esta declaración, según el PP, el responsable territorial "evidencia la negligencia del propio Gobierno andaluz en su control como administración competente en la gestión de estos vertidos y avala la tesis del anterior equipo de gobierno municipal de que la Junta no hizo advertencias en su etapa al frente del Consistorio de la ilegalidad de los vertidos".

"Es más, de este testimonio se desprende -según los 'populares- la escasa importancia que dieron los responsables de la Junta de Andalucía a la situación de esta cantera, ya que hubo varios expedientes a los que el Consistorio presentó alegaciones, otro que quedó sin efecto en 2008 y desde ese momento transcurren otros ocho años sin que desde la administración autonómica se adopte ningún tipo de medida cautelar o sancionadora por estos vertidos", han señalado.

Ya en su declaración, el pasado mes de diciembre, también como investigado, el exalcalde de Nerja José Alberto Armijo informó de que existía una autorización administrativa de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur para rehabilitar mediante el vertido de escombros la antigua cantera de Río de la Miel. Además, afirmó que ninguna administración u organismo advirtió durante sus mandatos al Ayuntamiento de ilegalidad alguna.

Es más, aseguró que el equipo de gobierno siguió en este asunto la línea que marcaba la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que presentó las alegaciones correspondientes en su momento sin que se produjera resolución al respecto por parte de la Junta de Andalucía.

LA CAUSA

Para este viernes está citada como investigada una funcionaria de la administración regional; mientras que entre el 5 y el 19 de febrero están previstas once declaraciones testificales dentro de esta causa.

En este procedimiento se investigan presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y contra el medio ambiente por omisión, así como falsedad. Ya han declarado como investigados en el juzgado una veintena de empresarios y varios cargos públicos, como la alcaldesa, Rosa Arrabal, aparte de Armijo.

La Guardia Civil ha llevado esta investigación, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en el juzgado.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".

Esto supondría, según lo actuado inicialmente, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Además, según la investigación inicial, las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado. En este sentido, la Guardia Civil apunta a la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros.