La detención de Mario Conde, acusado de blanquear capitales procedentes de la apropiación indebida de fondos del Banesto, es el último episodio de un escándalo que surgió hace 23 años con el llamado 'Caso Banesto'.

El exbanquero gallego, de 67 años de edad, llegó a la presidencia de Banesto en 1987 y alcanzó un enorme estatus mediático y de popularidad. Sin embargo, el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España decidió intervenir Banesto y le apartó de la presidencia de un banco en el que se produjo un fraude contable de unos 3.000 millones (501.200 millones de pesetas, entonces) y un agujero de 3.636 (605.000 millones de pesetas).

El Banco de España cesó al equipo gestor de entonces, presidido por Conde, y colocó a Alfredo Sáenz Abad, entonces vicepresidente del Banco Bilbao-Vizcaya, como nuevo presidente provisional de la entidad. Un año después, tras una subasta, el Banco Santander se hizo cargo de la entidad.

Tras uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos —se prolongó dos años, de 1997 a 1999— Conde fue condenado el 31 de marzo de 2000 por la Audiencia Nacional a diez años y dos meses de prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad. La estafa se produjo a través del Grupo Dorna y la apropiación en el Grupo de las Cementeras de Banesto.

Con anterioridad, en 1998, Conde había sido condenado por el Supremo por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust por desviar dinero de Banesto a esta sociedad instrumental. Por este asunto fue sentenciado a 4 años y dos meses de prisión, al pago de una multa de 15 millones de pesetas, a una indemnización a Banesto de 600 millones de pesetas y a la inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras.

El 29 de julio de 2002, el Supremo aumentó la pena impuesta a Conde por el caso Banesto de 10 a 20 años, lo que supuso su reingreso en prisión. Ese mismo día tanto Conde, como el ex consejero delegado Enrique Lasartey el exconsejero Rafael Pérez Escolar  entraron en la prisión de Alcalá-Meco y Arturo Romaní en la cárcel de Soto del Real. Al día siguiente, el financiero Jacques Hachuel fue encarcelado en Alcalá-Meco y el director general Fernando Garro, un día más tarde en Soto del Real.

En noviembre de 2005 recibió el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.

La Audiencia Nacional decretó en 2012 el embargo de cinco fincas del exbanquero en ejecución de la sentencia de 2000. Según fuentes jurídicas, Conde vendió las fincas unos días antes de dictarse sentencia firme por el Supremo en 2002. A partir de entonces, una sociedad luxemburguesa figuraba como propietaria. Eso evitó que fueran embargadas, pese a que Conde las seguía disfrutando y que, según la Audiencia, "estaba probado que el dinero empleado en la adquisición de estas fincas tenía su origen en las cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena".

Conde llegó a fundar el partido Sociedad Civil y Democracia y optó a la Presidencia de la Xunta en las elecciones autonómicas de octubre de 2011, pero solo consiguió 15.990 votos y no llegó a tener representación en el Parlamento gallego. No fue su primera incursión en la política. Antes, en 1998, se había afiliado al Centro Democrático y Social (CDS) y llegó a presentarse como cabeza del partido en las elecciones generales de 2000, pero dimitió de la formación fundada por el expresidente Suárez tras sacar apenas 23.576 votos.

A finales del año pasado, su nombre ("Mario Antonio Conde Conde") aparecía en el primer listado que publicó Hacienda de morosos con la Agencia Tributaria. El nombre del exbanquero figuraba en el listado con una deuda de 9,9 millones de euros.