De este modo, tanto los ciudadanos de Castilla y León -un mínimo de tres-, como las organizaciones de la sociedad civil podrán plantear estas iniciativas a través de una solicitud que deberá incluir el texto completo de la norma o del plan que se proponga y una memoria justificativa.

A continuación, la consejería competente admitirá a trámite la solicitud si se cumplen todos los requisitos y, de ser así, la remitirá a las organizaciones sociales presentes en el órgano de participación que corresponda por razón de la materia. Serán dichas organizaciones sociales quienes decidan, por mayoría de 4/5, si la iniciativa continúa su tramitación por lo que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, no será preciso reunir firmas que avalen la propuesta, "sino el apoyo mayoritario de las organizaciones de la propia sociedad civil".

Una vez superado este filtro, la tramitación posterior de la iniciativa será la misma que la de cualquier proyecto normativo o de planificación y, se someterá a la participación ciudadana y a todos los informes internos y externos, que podrán llevar, en su caso, a modificar la propuesta. La última palabra corresponderá en todo caso a la Junta, como ocurre también con las Cortes en el caso de la iniciativa legislativa popular.

Esta es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa que ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha situado a Castilla y León como una comunidad "pionera" al regular por primera vez en España el diálogo civil en todos los ámbitos de actuación del Gobierno, servicios sociales, educación, sanidad, medio ambiente, agricultura, comercio o cultura.

Esta "novedosa" ley busca un diálogo entre la Administración y la sociedad civil organizada, es decir las cerca de 240 organizaciones sociales que tienen presencia en los órganos de participación que existen en la Junta. "Con ello se pretende dinamizar el funcionamiento de esos órganos, que hasta ahora, en todas las administraciones, suelen intervenir al final, cuando los textos normativos o los planes ya están elaborados", ha explicado.

El nuevo texto legal obligará a la Administración a practicar el diálogo civil cuando esta se plantee elaborar una norma -en cuyo caso comenzará a la vez que la 'consulta pública previa' que desde hace unos meses exige una ley básica estatal- o elaborar un plan, donde no hay ninguna norma estatal que establezca una participación desde el primer momento de las organizaciones sociales lo que convierte a Castilla y León en la primera Comunidad que da este paso.

También se practicará el diálogo civil para evaluar una política pública y se aplicará también a otro tipo de decisiones cuando así lo establezca una norma específica o cuando la propia Administración lo estime necesario.

El anteproyecto prevé también la posibilidad de "acuerdos del diálogo civil" que puedan ayudar a afrontar problemas específicos, si bien el vicepresidente ha recordado que en Castilla y León ya hay ejemplos de estos acuerdos en materias como la violencia contra la mujer, los derechos de la infancia o el carácter público del Sistema de Salud.

Según ha detallado, los acuerdos del diálogo civil requerirán la aprobación del órgano de participación que corresponda, con apoyo de, al menos, 4/5 partes de las organizaciones sociales presentes en el mismo, y suscripción por la consejería competente.

Una 'Plataforma del diálogo civil', alojada en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta, se encargará de difundir toda la información sobre el trabajo de los órganos de participación y el diálogo civil para aumentar así la transparencia en la actividad de la Junta.

El anteproyecto desarrolla las consultas populares no referendarias que estarán dirigidas a un colectivo concreto que se desarrollarán a través de la Plataforma del diálogo civil y no consistirán en una votación para evitar todo parecido con un referéndum ya que, según ha advertido el consejero, un colectivo concreto no puede atribuirse "ni siquiera simbólicamente" la capacidad exclusiva de participar en decisiones políticas, lo que, por definición, corresponde a todo el cuerpo electoral.

CONSULTAS ABIERTAS

También se evita que las consultas sean muy rígidas desde el convencimiento de que en las abiertas, "más enriquecedoras", los participantes podrán trasladar su opinión "sin limitaciones y con todos los matices". De Santiago-Juárez ha puesto como ejemplo una consulta sobre los deberes en la escuela donde un referéndum sólo permitiría un si, no o me da igual mientras que la consulta abierta deja abierta la posibilidad a matices como un sí, pero sólo una hora; sí, pero no los fines de semana, o sí, pero no en verano.

"Y es mucho más barato, todo hay que decirlo -se desarrolla por vía telemática, a través de la Plataforma del diálogo civil, durante un mínimo de diez días-", ha admitido también el vicepresidente de la Junta que ha explicado que se podrá consultar "cualquier decisión política" que vaya a adoptar la Junta y que pueda afectar a un determinado colectivo de forma singular y específica a través de un "procedimiento simple".

En concreto, la Administración podrá plantear la consulta por iniciativa propia o la podrán solicitar tres personas pertenecientes a un colectivo o una organización representativa del mismo. En este caso, la consejería competente estima o desestima la solicitud, en función de si cumple los requisitos legales; la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la Plataforma del diálogo civil.

Además, la Administración podrá recabar presencialmente la opinión de las organizaciones del colectivo que tengan presencia en los órganos de participación y también de los propios promotores de la consulta. Dicho esto, el consejero ha aclarado que el resultado de la consulta no será vinculante para la Administración, que deberá informar a la hora de adoptar la decisión política de que se trate cómo ha tenido en cuenta la opinión del colectivo recabada a través de la consulta.

De Santiago-Juárez ha presentado el anteproyecto de ley como la Democracia del Siglo XXI en una apuesta por la transparencia que, según ha aclarado, no se constriñe a un antídoto contra la corrupción sino que es una fórmula para fomentar la participación ciudadana en la vida pública. "El viento sopla por ahí", ha sentenciado al respecto.