El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el "ataque repentino" que le ha dado de defensa de Andalucía, coincidiendo con el 28 de febrero, día de la Comunidad, sea algo "crónico", toda vez que la situación "es grave", tras lo que ha anunciado que a partir del 1 de marzo organizará asambleas en todas las provincias para denunciar la situación general de Andalucía.

Carbonero ha apuntado que a la junta "le ha dado un ataque de defensa de Andalucía en torno al 28 de febrero", pero ha pedido que ese ataque "se vuelva crónico", ya que considera que "sólo ponen en el candelero los problemas de nuestra tierra cuando llega el 28F".

El dirigente sindical ha anunciado que el sindicato va a emprender una campaña de asambleas por toda Andalucía que dará comienzo el 1 de marzo en Sevilla, con la presencia del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, para informar a sus afiliados de la actual situación, toda vez que "la situación en Andalucía es peor que en España".

Carbonero ha pedido un cambio en las políticas públicas, la derogación de la reforma laboral y cree que los partidos de la izquierda "deben pensar en la situación de las personas y menos en sus tacticismos".

"No sé si habrá acuerdo de Gobierno o no, ojalá lo haya porque es urgente cambiar algunas políticas que nos están llevando cada día a una situación peor y Andalucía necesita, encabezada por la presidenta, centrarse un poco en los grandes problemas que tiene nuestra tierra, que los tenemos y gordos", ha agregado Carbonero, quien recuerda que estos problemas "dimanan en gran parte de las políticas que emanan de las políticas del Gobierno de España pero no le debemos echar la culpa al empedrado".

Comisión de investigación

Asimismo, Carbonero ha apuntado que el Parlamento "anda enfrascado en la comisión de investigación paralela a la Justicia" y pide que "lo haga en paralelo con algunas cosas que hay que resolver". "Nos parece bien la comisión de investigación pero que no sólo hagan eso, sino que hagan algunas cosas más, otras iniciativas".

"La situación es grave y el PIB subirá pero la pobreza en nuestra tierra crece, y eso es para mirárselo los andaluces", ha añadido Carbonero, quien ha apuntado que tiene previsto iniciar el 1 de marzo una serie de asambleas de delegados en toda Andalucía.

Además, pide más exigencias a los empresarios, a los que "se les dice pocas cosas, pese a que ellos están haciendo su agosto con estas situaciones". "Ellos siguen sin invertir nada en la economía productiva, y siguen pensando en que venga el maná de algún mecanismo especulativo a futuro y sin asumir nada de responsabilidades sociales, que las tienen, y que deberíamos exigirlas, no sólo los sindicatos sino también las administraciones públicas".

Carbonero considera que de esta situación "no salimos solos, no sólo con la iniciativa que tomemos en Andalucía, sino que hace falta ayuda exterior, debe haber un cambio en la financiación", por lo que pide a la Junta "una actitud más exigente", lo cual "no significa hacer más propaganda, sino hacer planteamientos serios".

Considera una "prioridad" que haya acuerdo entre agentes sociales y Junta y que "se trate en el Parlamento, y que de ahí vaya a España y a Europa para plantear cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros problemas y cuales son nuestras alternativas".

"No vale sólo que se apunte el tanto quien tenga la responsabilidad del Gobierno, sino que se apunte el tanto Andalucía, merecería la pena trabajar en esa dirección", ha añadido Carbonero, quien pide "ser objetivos en un diagnóstico claro y consensuado de por qué Andalucía sigue manteniendo durante tantos años un paro estructural tan grande, que no somos capaces de resolver".

Considera que ese diagnóstico "requiere de mucho trabajo y no estar todos los días en la propaganda, sino poner mucha cocina a las cosas, sacando conclusiones que le valgan a la sociedad andaluza".

Ha puesto el ejemplo de la tramitación de la Ley de Políticas Sociales, que está "planteada desde la precariedad" y donde el sindicato rechaza la externalización de servicios públicos. Pide que "se cumplan los pliegos de condiciones en las adjudicaciones y los convenios colectivos, exigimos poco, pero las empresas atornillan a los trabajadores para obtener mayores beneficios y se ahorran algunos euros, lo cual genera mal servicio, un deterioro de lo público y precariedad".